El expresidente de la Generalitat fugado Carles Puigdemont y otros excargos del Govern a quienes el Tribunal de Cuentas reclama una fianza de 5,4 millones de euros por la promoción del procés en el extranjero tienen previsto entregar este mismo viernes los avales asegurados con dinero del Instituto Catalán de Finanzas (ICF). Un trámite que la defensa del también expresident Artur Mas ya habría cumplimentado con cargo al mismo fondo.

Los abogados de la treintena de afectados por la liquidación provisional fijada por el órgano contable trabajan a contrarreloj para formalizar las fianzas antes del último plazo dado por la instructora del expediente, Esperanza García, que finaliza a las 00.00 horas del próximo martes. También esperan presentar sus documentos este viernes Martí Anglada, que fuera delegado del Govern en Francia y Suiza, y Josep Suárez, ex delegado del Govern en Reino Unido.

Posibles embargos

Fuentes del Tribunal de Cuentas aseguran a Europa Press que durante las últimas horas se ha presentado documentación para acreditar varios avales respecto a otros tantos afectados que ahora deberá ser analizada por García. Después se emitirá una resolución dando las cantidades por afianzadas o bien rechazando los avales, algo que parece probable, según fuentes jurídicas consultadas, que dudan de la legalidad de acudir a un fondo público para realizar estos pagos.

El pasado jueves, 29 de los 34 investigados por el Tribunal de Cuentas presentaron "anuncio" de que se acogerán al aval del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), mientras que el órgano contable les les otorgó 48 horas (hábiles) para que acompañasen la documentación hasta ahora aportada por los avales en sí. Pasado este plazo improrrogable, la instructora advirtió que, de no formalizar los depósitos, serán embargados.

"Los avales ya se han formalizado ante notario y los abogados de los encausados se los hacen llegar al Tribunal de Cuentas", explicaron fuentes de la Consejería de Economía de la Generalitat, cuyo titular, Jaume Giró, decidió el miércoles que el aval correría a cuenta del ICF con el contraaval de un fondo de la Generalitat dotado con 10 millones de euros, una decisión que había descartado el martes--.

Respecto al hecho de la admisión o no de aval del Fondo de la Generalitat, el Tribunal de Cuentas señaló el jueves en una nota oficial que se dirimirá cuando proceda.

Cuatro 'desertores'

Al menos cuatro de los encausados habían presentado el jueves avales por su cuenta --dos de ellos habían depositado fianzas y otros dos habían presentado bienes inmuebles--.

Tal y como establece la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, si las defensas no abonan la caución correspondiente, se procederá al embargo de bienes de los implicados hasta cubrir las cantidades que se les reclaman cautelarmente.

Cantidades individuales

Según el acta de liquidación provisional, el Tribunal de Cuentas reclama a estos 34 ex altos cargos cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos puestos en la Generalitat.

La mayor suma se le atribuye al ex secretario del Diplocat Albert Royo, a quien se le responsabiliza de 3,6 millones; le siguen la ex interventora de la Generalitat Mireia Vidal, por 3,1 millones; el exconseller de Presidencia Francesc Homs, por 2,9 millones; el expresidente Artur Mas por 2,8 millones; y el exconseller de Economía Andreu Mas-Colell por 2,7 millones.

En el caso de Raül Romeva, uno de los nueve políticos indultados por el Gobierno, la cifra alcanza los 2,1 millones de euros; Junqueras --también beneficiado por la medida de gracia-- figura con una responsabilidad contable de 1,9 millones, al igual que Puigdemont. Aunque se les reclama a cada uno cantidades individuales, todos ellos deben responder al total de 5,4 millones de forma solidaria.