Ciudadanos ha denunciado al Instituto Catalán de Finanzas (ICF) y al Gobierno catalán ante Fiscalía por cubrir las responsabilidades pecuniarias de 34 ex altos cargos de la Generalitat de Cataluña a quienes el Tribunal de Cuentas (TC) pide 5,4 millones por el gasto en dinero público para internacionalizar el procés independentista.
El partido naranja ha alertado a la delegación provincial del ministerio público en Barcelona de la operación financiera que permitirá a los encausados por el TC depositar sus fianzas con un aval del ICF y la garantía del Fondo Complementario de Riesgos aprobado por el Ejecutivo regional.
Denunciados: ICF y Govern
Figuran en la querella la junta de gobierno del ICF al completo y los miembros del consejo ejecutivo del Govern. Cs les ha denunciado porque "han orillado sus funciones", que se centran en apoyar la economía productiva, para "garantizar con parte de su dinero las fianzas que se les piden en un proceso administrativo por sustraer dinero de las arcas públicas para pagar las embajadas catalanas y la acción exterior de la Generalitat".
Carlos Carrizosa, líder parlamentario de Ciudadanos, ha señalado que esa labor allende las fronteras "sobrepasó el cometido" de la Administración catalana, en referencia a sus competencias. "Se quiere cubrir aquello y las responsabilidades financieras que se derivan de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el golpe a la democracia", en sentencia al fallo del alto tribunal sobre el procés.
"Avalaron a los malversadores"
Estén condenados por la máxima instancia judicial o no, a los 34 ex altos cargos el TC les pide 5,4 millones de forma solidaria. El fiscalizador les ha dado otras 48 horas para depositar las fianzas de esta cuantía, algo que la mayoría de enjuiciados harán con el doble apoyo del ICF y el Govern. "Avalaron a los malversadores con dinero público", ha advertido Carrizosa a las puertas de la Fiscalía Superior de Cataluña.
La entrada del escrito a Fiscalía llega horas después de que la junta de gobierno del ICF aprobara avalar a los exdirigentes políticos y directivos de la Generalitat de Cataluña. Con esa garantía, la mayoría de encausados acudirá al fondo de rescate independentista, también sostenido con dinero de la Administración regional, y depositará la fianza que les pide el Tribunal de Cuentas.