El Tribunal de Cuentas ha concedido un plazo improrrogable de dos días a la treintena de ex dirigentes y ex altos cargos de la Generalitat de Cataluña encausados por la acción exterior del procés secesionista para que presenten efectivamente los avales de las fianzas que les reclama antes de iniciar el procedimiento de embargo de sus bienes, ya que hasta ahora solo ha recibido documentación anexa.
Según fuentes del organismo fiscalizador, la delegada instructora ha estado analizando la documentación recibida hasta ahora, después de que la pasada medianoche expirara el plazo para que hicieran frente a sus fianzas. Y, al considerar que los escritos presentados constituyen un mero anuncio, y no han sido acompañados de los avales, ha comunicado a los representantes legales de los afectados ese plazo improrrogable de dos días.
En la comunicación, la instructora les advierte que si los avales se han recibido en 48 horas se procederá, conforme al artículo 47.1 g) del a Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, al embargo de los bienes de los presuntos responsables.
Fondo de la Generalitat
Según han indicado a EFE fuentes jurídicas de los encausados, la treintena de encausados por el Tribunal de Cuentas que se acogieron al fondo del Govern han presentado este jueves por vía telemática los avales del Institut Català de Finances (ICF), y han enviado la documentación original en papel por mensajería urgente.
Esta misma mañana, los ex altos cargos a quienes el Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones de euros de fianza por la promoción del procés en el extranjero han formalizado ante notario los avales otorgados por el ICF a través del Fondo Complementario de Riesgos creado por el Govern.
Ningún banco se prestó al juego del Govern
La demora en la presentación de los avales tiene su origen en la incapacidad del Govern para encontrar a un banco que asumiera los avales que se facilitaran a través del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat.
El Ejecutivo de Pere Aragonès creó ese fondo hace unas semanas con la idea de que funcionara como un seguro privado y que fuera una entidad financiera quien avalara las fianzas, con un contraval de la Generalitat canalizado a través del ICF.