Cinco ‘desertores’ prescinden de los avales del ICF para hacer frente al Tribunal de Cuentas

El Govern ha actuado y ha forzado al ICF para que active el aval que pueda cubrir a los 34 ex altos cargos del Govern afectados por la causa contable del Tribunal de Cuentas. Pero, de esos 34, hay cinco desertores que no se han acogido a ese proceso, al entender que el Govern podría cometer un delito de malversación si la causa deriva, finalmente, en la obligación de devolver hasta 5,4 millones de euros.

Tras verse rectificado por el presidente Pere Aragonès, el consejero de Economía, Jaume Giró, ha utilizado finalmente al ICF. Ayer jueves entregó el aval prácticamente por esa cantidad que reclama el Tribunal de Cuentas, que ahora ha ofrecido una prórroga de 48 horas para recibir los recursos.

El "elevado" riesgo de la Generalitat

El ICF, el organismo financiero de la Generalitat, presentó un aval individualizado para 29 de los afectados. Otros dos, del total de 34, ofrecieron bienes inmuebles para cubrir las cantidades que se les piden y otros dos presentaron avales por su cuenta. Queda un afectado que espera agotar el tiempo, pero que podría acogerse al hecho de que se trata de una causa solidaria que los engloba a todos, con el convencimiento de que, en última instancia, no se le podría pedir un patrimonio para hacer frente a la cantidad demandada.

Se trata de altos cargos de la Generalitat que mantienen la discreción, pero que no acaban de ver claro el método del ICF. Las fuentes jurídicas consultadas señalan que el Govern de la Generalitat corre un riesgo elevado. Es plenamente consciente de que muchos de los afectados no tienen el patrimonio suficiente para hacer frente al dinero que se les pide, una vez se concluyera la causa y el Tribunal de Cuentas iniciara el embargo de bienes para cubrir esos 5,4 millones que se considera que se emplearon en la internacionalización del proceso independentista entre 2011 y 2017.

Políticos, pero también cargos intermedios

Además de exresponsables políticos como Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Raül Romeva y Andreu Mas-Colell, el grueso de los afectados por la causa lo integran ex altos cargos e intermedios de la Administración catalana. Se trata de ex secretarios generales como Roger Albinyana, Amadeu Altafaj, Luis Bertrán, Albert Carreras de Odriozola, David Mascort Subirana, Joaquín Nin, Jordi Vilajoana, y Aleix Villatoro. Pero también afecta a las interventoras generales de la Generalitat, un cargo clave en la Administración autonómica, como Mireia Vidal Ortí y Rosa Vidal Planella.

Otro de los encausados es el ex secretario general del Diplocat, el organismo que buscó la internacionalización del proceso independentista. Se trata de Albert Royo, que había anunciado su intención de avalar con su propia casa, ante la imposibilidad inicial de contar con el ICF. También están en esa situación los exdelegados o delegados de la Generalitat en Alemania, Reino Unido, Francia, Ginebra, Estados Unidos, Polonia, Dinamarca, Portugal, Croacia, Austria y el responsable ante la Unión Europea.

Precauciones

A pesar de las oscilaciones de Jaume Giró y de todo el Govern que preside Pere Aragonès, el aval del ICF cubre a 29 de los 34 afectados por la causa del Tribunal de Cuentas. Estos desertores han tomado ya sus propias precauciones. Pero con ese conjunto de avales, aunque pendientes todos de que el tribunal los acepte --la decisión podría llegar el lunes--, se podrá parar “el golpe”, tal y como lo denominó el exconsejero de Economía Andreu Mas-Colell.

La decisión final del Tribunal de Cuentas podría demorarse por varios años. En un nuevo contexto político, los afectados podrían verse aliviados y no pagar, finalmente, esas cantidades que se piden ahora. En caso contrario, según indican las mismas fuentes jurídicas, la Generalitat podría incurrir en un delito de malversación de dinero público.