El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, ha verbalizado su "agradecimiento" al consejero de Economía y Hacienda, Jaume Giró, por la decisión de utilizar el Institut Català de Finances (ICF) como avalista temporal del fondo de rescate de los ex altos cargos independentistas a quien el Tribunal de Cuentas pide 5,4 millones por la internacionalización del procés en Cataluña.
El jefe del Ejecutivo autonómico ha dado las gracias a Giró "por el anuncio que ha hecho hoy, por el compromiso demostrado y por el trabajo conjunto" realizado por el titular de Economía en la sesión de control al Govern celebrada hoy en el Parlamento catalán.
Ciudadanos lo ve "una vergüenza"
Mucho más crítico, el líder de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha tildado de "vergüenza" que la Administración regional utilice a su financiera pública para avalar el Fondo Complementario de Riesgos. El mecanismo que cubrirá las responsabilidades pecuniarias de los 34 exdirigentes políticos.
Según el político liberal, el Ejecutivo catalán debería abstenerse de involucrar al ICF, que ha rebautizado como "Instituto Catalán de Fianzas". En relación a ello, Carrizosa ha llamado al equipo de Aragonès a destinar "el dinero público que le sobra para pagar a los malversadores" a "prevenir incendios e indemnizar a los perjudicados". Ello debería ser así en lugar de "inventarse un fondo para ayudar a los malversadores del procés".
El ICF pasa a ser avalista temporal
Las valoraciones contrapuestas de Aragonès y Carrizosa llegan horas después de que el consejero catalán de Economía y Finanzas, Jaume Giró, diera un golpe de mano al anunciar que el ICF actuaría de avalista temporal del Fondo Complementario de Riesgos que responderá por las fianzas que pide el TC. La empresa pública asumirá finalmentre este papel después de que el Govern asumiese el portazo de la banca a asumir esta función y se topase con resistencias también en el seno del Institut, como explicó este medio.
No obstante, el equipo de Giró ha sorteado esos obstáculos al activar una disposición transitoria del decreto-ley 15/2021. Según esta cláusula, la financiera de la Generalitat puede pasar de ser el gestor del fondo independentista a ejercer de avalista si no se encuentra a un banco privado que garantice el dinero. La puesta en marcha de esta provisión legal, no obstante, supone colocar al ICF en una posición mucho más expuesta en el proceso administrativo que sigue el Tribunal de Cuentas contra los 34 altos cargos. La propia consejería de Economía reconoció hace menos de 24 horas que se había descartado esta línea para poteger a los funcionarios públicos. Ahora, su titular asegura que han sido representantes de esta entidad pública los que le han solicitado ejercer el papel.