Junqueras y otros encausados de ERC presentan un recurso por la causa del Tribunal de Cuentas

El líder de ERC y exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, así como el exconseller Raül Romeva y otros encausados del partido han presentado un recurso por la causa abierta por el Tribunal de Cuentas. En él, piden la nulidad de las finanzas millonarias que se les exigen y plantean la inconstitucionalidad de esta medida “sin control judicial”.

El organismo obliga a Junqueras y otros militantes republicanos a depositar más de 5,4 millones de euros antes del 21 de julio si no quieren que se les embarguen sus bienes. En el recurso presentado, los encausados consideran que, en la práctica, se les impone la pena antes del juicio. Asimismo, creen que se contradice el artículo 24 de la Constitución al vulnerarse “el derecho a la tutela judicial efectiva”, por lo que solicitan que los procedimientos se declaren nulos.

En situación de “indefensión”

En el recurso presentado, sostienen que se encuentran en “una evidente situación de indefensión”, lo que “atenta contra la presunción de inocencia” antes de que se resuelva su pretendida culpabilidad. Por tanto, afirman que no solamente se contradice lo que marca la Constitución, sino también la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Por otro lado, en el documento también se indica que “no hay ningún criterio objetivo” que respalde los gastos que el Tribunal de Cuentas considera ilegítimos. Esto se debe a que, según ERC, todos los gastos se produjeron “en el marco de las competencias propias de la Generalitat en materia de acción exterior”, avaladas por el Tribunal Constitucional.

Causa caducada

En esta línea, alegan que el procedimiento está caducado, pues la ley determina que las causas deben abrirse en un plazo máximo de tres meses. De este modo, han usado esta justificación como otro de los motivos por los que piden la nulidad.

Asimismo, otra supuesta irregularidad sería la duplicidad de causas: por la vía contable y por la penal. Se trata de una situación que, concretamente, afectaría al exconseller Raül Romeva y al exsecretario general de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores, Aleix Villatoro.