El decreto ley que regula el controvertido fondo creado por el Govern para pagar las fianzas de los dirigentes investigados por el Tribunal de Cuentas se publicó ayer en Diario Oficial de la Generalitat [se puede leer en este enlace]. Una medida que, según admite el presidente Pere Aragonès, no tiene precedentes. La vía de urgencia utilizada y la falta de justificación de los intereses generales que supuestamente se deben proteger, explican fuentes jurídicas a Crónica Global, muestran un doble rasero en la protección de los funcionarios de la Generalitat.

La selectiva asistencia jurídica dada a los Mossos d’Esquadra, ajustada a los intereses de los Comités de Defensa de la República (CDR) y la CUP, o las decenas de empleados públicos que se han tenido que pagar procedimientos judiciales de su bolsillo, son un ejemplo de esa arbitraria actuación de la Generalitat. El artículo 86 de la Constitución deja muy claro que los decretos ley sólo se podrán utilizar como técnica legislativa en casos de "extraordinaria y urgente necesidad”, derivada de la imposibilidad de dar una solución a un tema mediante la tramitación de ley ordinaria. 

"Demostrar y acreditar"

“Esa extraordinaria y urgente necesidad debe ser demostrada y acreditada, como dice la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) 170/2012, de 4 de octubre, entre otras muchas, y la exposición de motivos de la creación del fondo ni demuestra, ni justifica, ni razona, ni motiva la extraordinaria y urgente necesidad de ese decreto ley. Se permite incluso una retroactividad en el tiempo que no justifica para nada”, explica a este medio un jurista conocedor de los servicios jurídicos de la Generalitat. 

El TC añade que los decretos ley “deben utilizarse en situaciones en el que el desarrollo del trabajo gubernamental se vea obligado por una situación extraordinaria, como la pandemia por ejemplo, pero en ningún caso afecta la resolución del Tribunal de Cuentas al trabajo ordinario del Govern en el ejercicio de sus funciones (STC 23/1993, de 21 de enero), por lo que ese decreto ley desde esta perspectiva constitucional tampoco tendría soporte jurídico”, añade este abogado. 

Falta de información

De hecho, la exposición de motivos del decreto ley nada dice de la extrema y urgente necesidad o en qué afecta a los intereses generales de la población. Se limita a enumerar las competencias del Govern y de la defensa de los empleados públicos. “No justifica, ni razona, ni motiva en qué afecta en la gestión ordinaria de las competencias del Ejecutivo ese decreto ley, o en que afecta a los empleados de la Generalitat. A ver cuántos están en esa situación jurídica descrita en la exposición de motivos. Preséntese un estadillo con los casos en los que la Generalitat interviene en procesos judiciales en defensa de sus empleados y cuántos necesitan un aval. Esta información tampoco está en el decreto ley”, remata el jurista.

El artículo 93 del Decreto Legislativo 1/97 de la función pública catalana dice que la Generalitat protegerá a su personal en el ejercicio de sus funciones y le otorgará la consideración social debida a su jerarquía y su dignidad. Otras comunidades autónomas lo hacen, pero el propio Govern admitió ayer que la medida no tiene precedentes.

Asistencia a Mossos

El exceso de celo en cubrir las fianzas millonarias de los líderes independentistas contrasta con el procedimiento selectivo que el Govern quiere implantar en la cobertura a los Mossos d’Esquadra. Tal como publicó este medio, la Consejería de Presidencia quiere centralizar el control de las decisiones sobre la asistencia jurídica de mossos a través del Gabinete Jurídico de la Generalitat, con la finalidad de satisfacer a CUP --el Govern se ha comprometido a revisar el modelo policial ante los antisistema--  y a los CDR. De esta forma, evita que el Govern entre en colisión con el activismo independentista en procesos judiciales donde los agentes han sufrido agresiones ejerciendo sus tareas de seguridad. Ello amenaza la continuidad del cuerpo de abogados especializados en la defensa de los agentes existente en el Departamento de Interior.

Por ello, el diputado del PSC-Units Ramon Espadaler presentó una propuesta de resolución (PR) en el Parlament sobre la defensa judicial de los agentes del cuerpo de Mossos para garantizar que la Consejería de Interior comparecerá como acusación particular en las diligencias judiciales en aquellos casos en que los agentes hayan resultado lesionados en el ejercicio de su responsabilidad. Esta PR será debatida el próximo 14 de julio en la Comisión de Interior del Parlament.

Recortes de nóminas y precariedad a parte --uno de cada tres funcionarios de la Generalitat son interinos--, durante los años más álgidos del procés, cuando el Gobierno aplicó el artículo 155 de la Constitución, entidades sociales y sindicales pusieron a disposición de funcionarios asesoramiento judicial para protegerse de las presiones independentistas. La preocupación ante la posibilidad de que los altos cargos obligaran a los empleados a realizar actuaciones ilegales era muy grande.