El juez ordena a Salud que identifique a los responsables de frenar la vacunación de policías

La justicia estrecha el cerco sobre el Govern por el retraso de la vacuna del Covid-19 a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. El titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona ha ordenado a la Consejería de Salud que identifique a los responsables que intervinieron en la gestión de la campaña de inmunización y, según se sospecha, tomaron la decisión de prolongar la inmunización de los agentes destinados en el territorio más allá del cuerpo autonómico. 

En un auto, el magistrado también encomienda al secretario de Estado de Seguridad que revele los responsables del Ministerio de Interior que participaron en el proceso de vacunación a los miembros de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Cataluña y qué funciones desarrollaron.

Petición "idónea y necesaria"

Según el juez, la petición de información resulta "idónea y necesaria", pues es la "única" que en esta fase "embrionaria" de la instrucción permitirá obtener los detalles destinados a esclarecer los hechos y averiguar las personas que intervinieron en el proceso.

En concreto, el tribunal ordena a la secretaria general de la Consejería de Salud, Meritxell Masó, que detalle los protocolos de vacunación para las fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña, así como el departamento responsable de esta gestión con la identificación de sus titulares. El juez abrió diligencias a raíz de una denuncia contra la Generalitat interpuesta por el sindicato JUPOL y la asociación JUCIL.

Orden del TSJC

La investigación parte del doble calendario adoptado por la Generalitat para inmunizar a los agentes de Policía Nacional y la Guardia Civil, por un lado, y a los efectivos de los Mossos d’Esquadra, por otro. Pese a que el Gobierno determinó que todos los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado eran colectivos de riesgo, la autonomía catalana fijó dos ritmos de vacunación distintos y fue la última región en completar la inmunización de los primeros.

El presidente del Govern, Pere Aragonès, y el 'conseller' de Salut, Josep Maria Argimon / RUBÉN MORENO

Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenó en abril que la Generalitat administrara el antídoto a todos los uniformados. El órgano judicial conminó a las autoridades autonómicas a vacunar “sin excusa alguna” y “de inmediato y sin dilaciones” a los integrantes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Como respuesta, el entonces secretario del departamento y hoy consejero de Salut, Josep Maria Argimon, aseguró que la inmunización de los cuerpos de seguridad del Estado provocaría que la población de riesgo catalana tuviera que esperar más para recibir la inoculación del freno al coronavirus por la falta de dosis. Las declaraciones generaron aún más malestar por una decisión que se interpreta como política.