PDECat ha abierto una cuenta bancaria para recaudar fondos para el expresidente catalán Artur Mas, los exconsejeros Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, y el exalto cargo Jordi Vilajoana, principalmente. El objetivo de estos fondos recaudados será hacer frente a la factura económica reconocida por el Tribunal de Cuentas que supuso para la Generalitat organizar la consulta soberanista del 9N de 2014. Por todo ello, exige a sus responsables devolver los fondos al erario público.
La secretaria general del partido, Àngels Chacón, apela a la “solidaridad” de los catalanes ante la inminente ejecución de algo más de un millón de euros de esta factura. “Pedimos a nuestros responsables políticos que actúen y lo que no podemos hacer después es dejar que sean héroes”, ha manifestado en rueda de prensa, “la sociedad debe apoyarlos en este sentido”.
Recaudación de la Caja de Solidaridad
No es la primera ocasión en que los dirigentes políticos que organizaron el 9N apelan a las aportaciones ciudadanas. La denominada Caja de Solidaridad ya aportó dos millones de euros en el verano de 2019 para cubrir la condena impuesta y completar el pago de 2,9 millones de los afectados.
Con todo, las cifras finales difieren de los cálculos iniciales por el impacto fiscal de la donación económica y los intereses devengados con el tiempo.
Ordenadores para las escuelas
El Tribunal de Cuentas probó que la Generalitat había destinado 4.988.620,11 euros a la organización de la consulta independentista. El grueso de esta partida se destinó a la compra de los ordenadores que se usaron en las mesas, que se intentó justificar como un gasto para cubrir la brecha digital en las escuelas públicas del territorio.
Los colegios recibieron los dispositivos tras la votación. Todo ello, en los ejercicios en los que se acometían el grueso de los recortes en educación, donde persiste la carencia del 10% en el profesorado. Cabe tener en cuenta que esta brecha digital persiste en las aulas catalanas hasta el extremo de que no había ni suficiente material informático en el inicio del confinamiento por el Covid.
Recursos inadmitidos a trámite
El Tribunal Supremo inadmitió a trámite los recursos de Mas y de otros siete algos cargos contra la sentencia del Tribunal de Cuentas. Les obliga a devolver 5,2 millones de euros y los afectados cuentan con su domicilio habitual embargado. Con todo, fuentes de su entorno indican que no se espera que los inmuebles deban ir finalmente a subasta.
Entre lo recaudado con anterioridad y los fondos que se esperan obtener en las próximas semanas se prevé cubrir el grueso de la sanción. El resto, se podría cubrir de forma solidaria con otros bienes más allá de los inmuebles de uso habitual.
Segunda sanción del Tribunal de Cuentas
Chacón también ha hablado de la segunda sanción del Tribunal de Cuentas por los fondos públicos que se usaron para impulsar el segundo referéndum independentista ilegalizado, el del 1 de octubre de 2017. En este caso, la sanción final es otros 5,4 millones y corresponde al gasto realizado desde la consejería de Acción Exterior, básicamente.
La líder de PDeCat ha exigido que el Govern de Pere Aragonès “esté a la altura” para ofrecer “sea cual sea la solución” y brinde cobertura a todos los afectados desde la Generalitat. Un extremo con un encaje complejo en el ordenamiento jurídico actual.