El abogado penalista Francesc Jufresa (Barcelona, 1953) está satisfecho, aunque cree que todo se podía haber avanzado hace unos meses. Fue él quien pidió el perdón para todos los políticos independentistas presos, --al margen de otras entidades o particulares que lo han hecho por personas concretas—y señala ahora que los indultos que han permitido que todos ellos salgan a la calle “son una demostración de la fortaleza del Estado”, aunque los políticos independentistas digan lo contrario.
La primera reacción de los políticos hasta ahora presos ha sido la de exhibir una cierta fuerza y unidad para señalar que lo realmente importante es que se llegue a una “amnistía” y al reconocimiento del “derecho de autodeterminación”. Con la posición del Gobierno muy clara sobre esas reivindicaciones, Jufresa, en conversación con Crónica Global considera que son peticiones que se realizan para “las bases independentistas”, pero que no tienen ninguna viabilidad.
"Mejorar la convivencia"
Jufresa no es independentista. Es más, en reiteradas intervenciones públicas –suele acudir a programas de debate en TV3—ha indicado que los gobiernos de Carles Puigdemont y de Quim Torra han sido perjudiciales para el conjunto de la sociedad catalana. Se reclama "ciudadano del mundo", pero reclamó los indultos, --su petición es la que se ha procesado hasta llegar a la decisión del consejo de ministros que preside Pedro Sánchez—“para mejorar una situación de convivencia, para ofrecer una salida, porque la inmovilidad no sirve para nada”, señala.
Junqueras, Forn, Rull, Turull, Romeva, Sànchez y Cuixart salen de Lledoners tras ser indultados por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez de sus delitos de sedición y/o malversación por el 'procés' / EP
¿Debilita, en todo caso, al Estado español esa decisión? Jufresa contesta con un rotundo “para nada”. Y señala que el argumento del independentismo de que el Ejecutivo ha tomado esa decisión para adelantarse a una posible sentencia negativa para los intereses de la justicia española por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no se sostiene. “Europa no se cargará la sentencia, aunque sí podría haber comentarios sobre la desproporción de las penas, o sobre la falta de competencia del Tribunal Supremo, algo sobre lo que existe un consenso jurídico, y es que el caso, perfectamente, lo podía haber asumido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña”.
Demorar el caso de forma interesada
El contraste, en todo caso, entre la realidad jurídica y la retórica del independentismo es total. Los políticos presos discutían entre ellos, a la salida de la prisión de Lledoners, sobre qué gestos debían utilizar frente a todos los independentistas que habían acudido para recibirlos. Mientras Junqueras quería mostrar un tono de “entierro”, en solidaridad con los políticos que siguen en Bruselas y no han sido juzgados por la justicia española, Jordi Cuixart se decantaba por decir que habían ganado, con un grito de “victoria”. Jufresa incide en ello: “Son los estados débiles los que miran de que se cumplan en su integridad las penas, o fusilan a sus prisioneros, como hizo el franquismo, incluso en su última etapa. En este caso, los indultos muestran la fortaleza de un Estado democrático que cree que se puede abrir una etapa de diálogo”.
Oriol Junqueras, tras salir de la cárcel de Lledoners, donde cumplía condena por el 'procés' / EP
Pese a ello, y a la satisfacción de Jufresa por el recorrido de su petición de indulto para los nueve políticos presos, el abogado penalista cree que el Tribunal Supremo “ha demorado la petición de forma innecesaria”. Al propio Gobierno de Pedro Sánchez le ha podido ir bien, a su juicio, pero considera que el Supremo no tenía por qué pedir informes a los cuatro fiscales que intervinieron en la sentencia ni a la Abogacía del Estado ni pedir opinión a los penados. “Todo eso no lo pide la ley, y ha sido un añadido que ha permitido ganar tiempo”, insiste Jufresa.
También señala que está en manos del Gobierno un posible indulto a los políticos que siguen en Bruselas. Otra cosa es que haya voluntad política para ello, pero, desde el punto de vista jurídico, esa posibilidad “existe”. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha señalado, sin embargo, que si Carles Puigdemont decidiera regresar a España sería detenido para que diera cuenta de su actuación en los hechos de octubre de 2017 ante la justicia española. “En cualquier caso, en algún momento, el Gobierno debería encarar ese problema con los que están fueran de España”, insiste el abogado que pidió los nueve indultos.