Si hay una institución que, en los últimos años, ha destacado en su entrega a favor de la causa de los mandatarios secesionistas de la Generalitat, esa ha sido --entre otras-- el Síndic de Greuges. El, en teoría, equivalente al defensor del pueblo catalán, Rafael Ribó, ha dado este miércoles la enésima muestra de su absoluta falta de neutralidad proponiendo la creación una comisión en el Parlament para impulsar la aplicación del informe aprobado por el Consejo de Europa en el que se pide la libertad de los presos independentistas, pero también otras medidas adicionales.

Ribó ha valorado muy positivamente, en rueda de prensa en el Parlament, el informe del Consejo de Europa que lleva por título "¿Deberían enjuiciarse los políticos por declaraciones emitidas en el ejercicio de su cargo?", y que aprobó el plenario de este organismo europeo el pasado lunes.

Según el Síndic de Greuges, el informe, elaborado como relator por el parlamentario socialista letón Boris Cilevics, se basa "en la jurisprudencia en derechos humanos", pero también en las conclusiones que extrajo a partir de las "múltiples entrevistas" realizadas, tanto con representantes del Gobierno español, como de las entidades y las instituciones catalanas.

Quiere una "comisión de estudio"

Ribó considera que, a partir de lo que se afirma en dicho informe --en el que, con todo, se reconoce la ilegalidad e inconstucionalidad del referéndum unilateral de secesión del 1-O--, se debería crear en el Parlament una comisión de estudio que examine el grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en él, así como para impulsar su efectividad.

El teórico defensor del pueblo catalán ha explicado, a modo de resumen, lo que él considera que debe traducirse el informe, y que en primer lugar figura "la liberación inmediata de las personas presas, algo que parece que ya tendrá lugar hoy mismo como consecuencia de los indultos".

"Revisión de la rebelión y la sedición" y "reinterpretar la malversación"

También debe efectuarse, ha indicado el Síndic de Greuges, "una revisión de los delitos de rebelión y sedición, para que no pueda haber una desproporción penal como la que ha habido hasta ahora", así como "detener la persecución de otros políticos relacionados con la organización del 1-O".

El Estado debe evitar, ha indicado Ribó, "la exigencia de un cambio ideológico" en los políticos que han sido perseguidos judicialmente, y también debería tener lugar con carácter urgente, ha añadido, "una reinterpretación del delito malversación para evitar el espectáculo del Tribunal de Cuentas persiguiendo y buscando la ruina económica de políticos catalanes".

En sintonía con Cilevics

Según el Síndic de Greuges, otra consecuencia que debería comportar el informe es que pueda entablarse "un diálogo abierto y constructivo para abordar políticamente las diferencias" entre lo que considera "Cataluña" y el Estado.

Rafael Ribó propone que la comisión parlamentaria invite a comparecer ante la misma al relator del informe, Boris Cilevics, y también al secretario de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Günter Schirmer, con la finalidad de que lo expongan y valoren su aplicación.

Crítica al Gobierno, pese a sus indultos

A fin de "trabajar para ver cómo se aplica" el informe, Ribó también sugiere que "haya una relación estable entre la Comisión y el Síndic".

En opinión del teórico defensor del pueblo catalán, no ha sido una mera coincidencia en el tiempo que los indultos hayan sido decididos casi en paralelo a la aprobación del informe por parte del Consejo de Europa, porque es a raíz de que el texto entra en la comisión del Consejo cuando "se precipita" el proceso de otorgamiento de los indultos.