Lucas: “En vivienda necesitamos colaborar con el sector privado, no solo imponer”

David Lucas, secretario general de Agenda Urbana y Vivienda del Mitma, asegura en una entrevista con Crónica Global que "el equilibrio entre el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda se articula a través de la función social” y que uno de los objetivos del Gobierno es incentivar el alquiler de viviendas vacías. "Hay muchas, por ejemplo en la costa catalana".

--PREGUNTA: ¿Qué puede aportar la universidad al problema de la vivienda?

--RESPUESTA: No ha habido soluciones en los últimos 40 años en España. No nos hemos parado a analizar la complejidad de un problema que ya es sistémico. Nos ha faltado un enfoque integral. La inmediatez política impide ver soluciones. La creación de la Cátedra Barcelona de Estudios de Vivienda, permite un análisis más tranquilo, investigar y evaluar un tema muy complejo con la implicación de cuatro universidades.

Comparativa del parque de viviendas por comunidades autónomas / MITMA

--¿Es la primera cátedra de estas características?

--Es la primera en la que participa el Estado, porque otras universidades tienen cátedras sobre vivienda. Pero se trata de una propuesta pionera que demuestra que es factible la colaboración entre el Ministerio, el Ayuntamiento y la Generalitat. Me consta que hay otras universidades de España interesadas en un proyecto similar.

--Como decía, es un tema complicado en el que las Administraciones se han culpado de la falta de iniciativas. Por ejemplo, los ayuntamientos aseguran que tienen poco margen de maniobra.

--Las Administraciones son conscientes de la complejidad del problema. Las comunidades autónomas tienen competencias exclusivas en vivienda, pero los ayuntamientos también tienen un papel fundamental porque gestionan directamente el municipio. Y el Estado participa con ayudas. Por ejemplo, el Ministerio acaba de acordar la movilización de 8.000 millones para políticas vivienda. No es tanto quién tiene la culpa de qué, sino de colaborar. La universidad es un apoyo esencial y el sector privado, también.

David Lucas, Secretario general de Agenda Urbana y Vivienda (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) / CEDIDA

--¿Las Administraciones pueden luchar contra las grandes empresas, con los movimientos de capital, contra la gentrificación en las ciudades?

--Lo que no ha funcionado bien es la confluencia de dos derechos, el derecho a la vivienda y a la propiedad. Ambos están reconocidos en la Constitución española. Pero hay un tercer elemento, que es la función social de la vivienda, que también contempla la Carta Magna. El equilibrio entre el derecho a la propiedad y a la vivienda se debe articular a través de esa función social. Y eso debe ser asumidos por los grandes tenedores. El acuerdo es posible y estamos en ello con bancos o el Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria). Todos debemos remar en la misma dirección. No debemos basarnos solo en imposiciones. Hay personas que lo están pasando muy mal.

--Cuando habla de imposición ¿se refiere a un método sancionador, a las críticas que genera la regulación de los alquileres?

--Me refería a la generalidad de las medidas. La ley de vivienda debe nacer y perdurar, porque de lo contrario, si no tiene seguridad jurídica, quienes salen perjudicados son precisamente las personas que tienen esos problemas. Estamos haciendo grandes esfuerzos para ampliar el parque público de vivienda de alquiler. Pero las viviendas se tardan en construir. Mientras tanto, necesitamos colaborar con el sector privado, como se hace ya.

--¿Qué país es un referente en políticas de vivienda?

--Hay que tener en cuenta que el parque de vivienda social en España es del 2,5% respecto al total de viviendas, mientras que la media europea es de un 9,3%. En los Países Bajos, se llega a un 30% y en Austria, a un 24%. Se tarda tiempo en aumentar ese parque, por eso es importante colaborar con el sector privado.

Vivienda protegidas por países europeos / MITMA

--¿Y ese sector privado es receptivo?

-- Recientemente hemos acordado con la Sareb y las entidades financieras movilizar 12.000 viviendas para alquiler social. Hasta habían aportado 15.000. Queremos llegar a las 30.000. Las conversaciones son difíciles, pero es factible el acuerdo.

--¿Las soluciones pasan por un enfoque metropolitano de las grandes ciudades?

--Las propuestas metropolitanas son positivas, pero el problema no ha sido tanto esa falta de enfoque, sino en el concepto de vivienda que ha existido en nuestro país, que se ha centrado en la compraventa. Es una tradición que se debe reenfocar hacia el alquiler porque hay un altísimo problema habitacional. Por eso debemos hacer propuestas para atender a personas en situación de riesgo o el sinhogarismo crónico.

--¿La UE marca fechas, impone objetivos?

--La UE no marca objetivos, pero nosotros nos los hemos autoimpuesto. Junto a la promoción de vivienda social de alquiler, la pandemia ha puesto en evidencia, no solo la necesidad de buscar soluciones habitacionales, sino de mejorar las viviendas ya existentes, algunas deterioradas, otras con altos costes energéticos o no adaptadas al teletrabajo. Por ello, también trabajamos en la rehabilitación y regeneración de viviendas, sobre todo en barrios vulnerables. Ahí sí que la UE incide mucho. También se debe incentivar el alquiler de viviendas vacías, que hay muchas, por ejemplo en la costa catalana.