El doble juego de Aragonès con Mossos y vivienda

Dicho de otra manera, Pere Aragonès debe gestionar el malestar que la politización de JxCat dejó en Interior mientras contenta a la CUP, muy crítica con las operaciones especulativas que los neoconvergentes han llevado a cabo en materia de vivienda. Esos (des)equilibrios se han saldado, de momento, con un escrache de los cupaires a la sede de ERC tras un desahucio en vísperas de la constitución del nuevo Consell Executiu.

¿Acuerdos compatibles?

¿Pero son compatibles las promesas dadas por Aragonès a JxCat y ERC? Los dos documentos suscritos no presentan demasiadas discrepancias en seguridad y vivienda, pero otra cosa es la aplicación de los compromisos.

ERC y CUP acordaron la suspensión de las pelotas de foam hasta la publicación de un protocolo --el exconsejero de Interior, Miquel Sàmper, ya lo dio a conocer-- y la retirada de las acusaciones particulares contra participantes en movilizaciones sociales y políticas, exceptuando aquellas donde haya lesiones a agentes acreditadas con certificado médico. “En las actuaciones actuales y futuras, la personación de la Generalitat se limitará a los casos de lesiones acreditadas, en su caso, y se centrará en el resarcimiento de la responsabilidad civil en casos de lesiones no leves”, añade el acuerdo.

La unificación del cuerpo de abogados del Departamento de Interior en la estructura central, y la puesta en marcha de mecanismos y protocolos de no aplicación de la Ley Mordaza cuando ésta vulnere el derecho a la manifestación, también forman parte de esos compromisos. ERC, que cuenta con Joan Ignasi Elena como nuevo consejero de Interior, y la CUP se comprometen a crear una comisión parlamentaria sobre el modelo de orden público y modelo policial en Cataluña fundamentada en los principios de transparencia, democratización y veto a cualquier tipo de abuso policial.

Joan Ignasi Elena, coordinador del Pacte Nacional pel Referèndum / EFE

Los republicanos también prevén ese cambio de modelo policial en su pacto con JxCat, así como aprobar la Ley del Sistema de Policía de Cataluña para establecer “las bases del sistema que coordine las diferentes Administraciones para una actuación más eficiente y una presencia equitativa en todo el territorio”.

Conseguir incrementar progresivamente la dotación de Mossos para llegar a un mínimo de 22.000 efectivos es otro de los objetivos.

Políticas de vivienda

Asimismo, el pacto de gobierno de JxCat y ERC prevé incrementar el presupuesto de vivienda hasta 1.000 millones, gestionar los programas sociales en esta materia para las personas en situación de riesgo de exclusión y la defensa de la Ley de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda, aprobada por el Parlament y recurrida por el PP ante el Tribunal Constitucional. El vicepresidente Jordi Puigneró tendrá las competencias en vivienda a través de la Consejería de Políticas Digitales e Infraestructuras.

Asimismo, ambos partidos se comprometen a evitar por ley los desahucios de las familias vulnerables y modificar el protocolo de lanzamientos. Otro de los objetivos es disponer de un 15% del parque público destinado a políticas sociales en 20 años y exigir el traspaso a la Generalitat del patrimonio que la Sareb tiene en Cataluña, cifrado en cerca de 3.000 viviendas.

Jordi Puigneró, nuevo vicepresidente del Govern / EUROPA PRESS

Ley de alquileres catalana

Por su parte, el acuerdo entre ERC y CUP incluye la aprobación de una auténtica "LAU Catalana" o "ley de los contratos de alquiler" que alargue duración contratos, establezca prórrogas automáticas, prohíba la repercusión de honorarios a arrendatarios y reconozca a las organizaciones sociales que defienden sus derechos. Al igual que el pacto con JxCat, los antisistema aceptan un presupuesto de 1.000 millones anuales para políticas de vivienda y poner a disposición 5.000 viviendas anuales movilizando, a través del tanteo y retracto, viviendas ya construidas o pendientes de rehabilitar que no se encuentran a disposición del parque alquiler.

La recuperación de un mínimo del 30% (con el objetivo de alcanzar 100%) de viviendas propiedad de la Sareb para vivienda social es otra de las exigencias de la CUP.