Las renovables cargan contra la “moratoria encubierta” de ERC y JxCat

En concreto, las miradas del sector se fijan en dos puntos del capítulo de “Energía y Acción Climática” contenidos en el programa del Govern. Por un lado, la modificación del decreto ley 16/2019 que regula la instalación de renovables en la región. Por otro, el ambiguo redactado sobre el trabajo de la ponencia de renovables, que podría paralizar muchos proyectos con base en criterios escasamente definidos relacionados con su impacto territorial y su dimensión.

UNEF: "Un paso atrás"

Jaume Morrón, gerente de EolicCat, arremete contra la agenda del futuro Ejecutivo autonómico: "Nos preocupa mucho el acuerdo de Govern. Estamos disgustados porque añade confusión y esconde una moratoria encubierta para las renovables". Lo mismo opina Manuel Romero, representante de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) en Cataluña: "Creemos que se trata de un paso atrás que añadirá mayor incertidumbre al ecosistema".

Tampoco ayudará, según este portavoz, la promesa de elaboración de un plan territorial de energías renovable (PLATER) consensuado entre municipios y comarcas. "Este plan tardará mucho en hacerse. Ya tuvimos la experiencia anterior del mapa eólico que llevó años en concluirse", recuerda.

Reforma, ¿para qué?

Respecto a la revisión del decreto ley de 2019, Morrón se muestra escéptico: "Dudamos de que se pueda endurecer aún más un decreto ley que ya es suficientemente estricto y que ha creado la ponencia de renovables, que no existe en ninguna otra autonomía".

De hecho, aproximadamente el 40% de proyectos que se presentan ante este foro, conformado por delegados de las consejerías de Agricultura, Empresa, Territorio y Cultura, se desecha por errores insubsanables. Una actitud "restrictiva" que, para los interlocutores consultados por Crónica Global, abre un interrogante sobre el sentido de la reforma.

La energía eólica es una de las más eficientes que existe / UNSPLASH

Frenazo de la ponencia

En cualquier caso, el acuerdo supedita la aprobación de nuevos parques fotovoltaicos o eólicos a la actualización de la normativa. Literalmente, el documento establece que hasta que no se modifique dicha regulación "no se dará viabilidad a ningún proyecto de alto impacto territorial". Entre los motivos para calificar así cualquier plan empresarial se hallan el tipo de suelo --"suelos de alto valor agrícola o de regadío, de protección especial o que puedan afectar hábitats y especies amenazadas"--, así como un cajón de sastre de objeciones no especificadas de tipo "paisajístico, ambiental, agrícola, urbanístico y de patrimonio cultural".

"Como si estos criterios no se hubieran tenido en cuenta hasta ahora por los técnicos de la ponencia", incide Morrón. "La ponencia ya aplica un filtro potente, por lo que no se entienden estas previsiones", añade Romero. La ambigüedad del texto desalienta a los portavoces de ambas organizaciones empresariales, aunque otras voces creen que el escrito deja las cosas tal como estaban. "Es un texto que lanza el balón hacia adelante y da pie a varias interpretaciones. La ponencia no era precisamente un coladero, por lo que se mantiene el margen de discrecionalidad del órgano", expone Pau Vila, miembro del Instituto Ostrom.

Instalación fotovoltaica, una de las fuentes renovables de energía / EP

Vetos por tamaño

Este joven empresario conoce de primera mano el funcionamiento de la ponencia, ya que presentó el primer plan privado ante el organismo. Vila valora que no se incluya explícitamente una paralización --como sí se mencionaba en el pacto suscrito entre republicanos y cupaires--, pero tampoco se muestra satisfecho con el desarrollo programático.

Sobre todo por otro matiz del acuerdo que inquieta a los empresarios: la denegación de la autorización para aquellos proyectos "de grandes dimensiones respecto a sus hectáreas o número de aerogeneradores".

Efecto sobre las pymes

Vila se muestra sorprendido, ya que la Generalitat solo tiene potestad para aprobar o rechazar las iniciativas de hasta 50 megavatios (MW). Por encima de esta potencia, las compañías deben solicitar permiso ante el Ministerio de Transición Ecológica.

El miembro del think tank expone las probables consecuencias sobre las empresas de tamaño medio que se dedican a las renovables: "A la vez que se pide soberanía energética, se crea un entorno que solo facilita las instalaciones de autoconsumo y de parques gigantes de grandes corporaciones. A las pymes catalanas, situadas en medio, les quedará sumar pequeños proyectos hasta superar 50 MW y presentarlos ante el ministerio".

EolicCat: "Lenguaje vacío"

En el caso de la eólica, Morrón corrobora que las plantas de aerogeneración presentadas ante la ponencia tienen entre nueve y 11 molinos: "No entendemos a qué grandes proyectos se refieren".

Tanto los vetos basados en el impacto sobre el territorio como en el tamaño de las operaciones son, para este portavoz, medidas "de cara a la galería" en línea con el estilo general del texto. "¿Qué significa energía limpia, democrática y de kilómetro cero? Se trata de un lenguaje vacío que, en el mejor de los casos, solo añade confusión y, en el peor, una moratoria encubierta", repite.

Sin consejería propia

Por último, a este escenario al que se suma la creación de un único departamento que conjugará acción climática, alimentación y agricultura. Precisamente, esta última área de gobierno ha concentrado las mayores críticas del sector, que hubiera preferido una consejería propia para articular las políticas de energías limpias en una coyuntura clave para la comunidad.

En 2020, Cataluña es la segunda autonomía que más gases de efecto invernadero emite solo por detrás de Andalucía, según datos del Gobierno. Un balance negativo que también se siente en la sede nacional de la UNEF: "El retraso de Cataluña es flagrante. Es una comunidad que va por detrás y que, con estas medidas, no logrará ponerse al nivel del resto de autonomías", concluye María Colom, directora de política energética de la patronal fotovoltaica.