Abrir un proceso de negociación con el Estado para abordar el ejercicio de la autodeterminación y la amnistía es, a juicio de ERC y Junts per Catalunya (JxCat) el mecanismo más viable y homologable a nivel internacional. Así lo aseguran en el Acuerdo de Govern para la investidura de Pere Aragonès que consta de 46 páginas y se divide en cuatro puntos [se puede leer en este enlace]: Estrategia independentista para hacer la República catalana, Prioridades programáticas sectoriales, Estructura del Govern y Coordinación y seguimiento del acuerdo de Govern.

Los dos partidos no incluyen calendario ni fecha límite para conseguir un referéndum, que es el objetivo que se marcan para lograr la independencia de Cataluña. El documento incluye la reformulación del Consejo para la República y equipos de coordinación para garantizar que no se repitan las disputas de la anterior legislatura.

Negociación con el Estado

"Un proceso de negociación con el Estado es probablemente la vía más directa y homologable a los estándares democráticos internacionales para afrontar y resolver el conflicto político entre Cataluña y el Estado y acabar también con la represión y persecución política del independentismo", indican en el acuerdo. A su juicio, "el mejor de los instrumentos para la resolución del conflicto, es un referéndum de autodeterminación acordado con el Estado. Pero al mismo tiempo, somos conscientes de que el proceso de negociación con el Estado tiene unas dificultades enormes y unas posibilidades de éxitos muy limitadas en especial si no logramos incrementar nuestra fuerza negociadora. Por eso hay que trabajar todas las vías democráticas que nos permitan forzar democráticamente el Estado a la resolución del conflicto".

"El escepticismo y las dudas de JxCat sobre los resultados de la Mesa de Diálogo, Negociación y Acuerdo", añaden, "no serán un impedimento para trabajar y participar lealmente en el proceso de diálogo y negociación con el Gobierno español. En este sentido, "ERC y JxCat acuerdan trabajar desde la confianza y la lealtad mutua para fortalecer la posición negociadora de la parte catalana y mejorar las condiciones y garantías del proceso de negociación".

Consejo para la República

Los partidos creen necesario "promover y participar en un espacio de coordinación, consenso y dirección estratégica colegiada para generar consensos entre los principales actores independentistas y definir los pasos compartidos en todos los ámbitos de actuación relevantes (institucionales y sociales) para culminar el camino hacia la República Catalana".

Este espacio "queremos que sea a cinco y cuente con la participación de las organizaciones políticas independentistas con representación en el Parlament y las dos entidades civiles soberanistas más representativas", en referencia a la ANC y Òmnium. "Apostamos por un espacio que actúe de forma discreta y que busque transitoriamente la coordinación con el Consejo para la República hasta que este finalice su reformulación en consenso entre todas las organizaciones".

En este sentido, ERC y JxCat se comprometen "a proseguir los trabajos de reformulación del Consejo por la República y trabajarán por su impulso y reconocimiento como institución republicana". Este organismo, controlado por Carles Puigdemont desde Waterloo, se había convertido en uno los escollos de las negociaciones.

Políticas sociales

Entre las prioridades programáticas sectoriales destacan garantizar el estado del bienestar y promover la cohesión social. Dotar el presupuesto a políticas sanitarias y sociales con 5.000 millones adicionales o invertir 300 millones en los próximos años en el Plan de Fortalecimiento de la Atención Primaria forman parte de ese proyecto social, así como la movilización de 500 millones para fomentar la contratación de jóvenes, mujeres mayores de 45 años y personas en situación de vulnerabilidad.

El despliegue de planes de apoyo a las familias y de asistencia a la infancia, así como una nueva ley catalana de la autonomía personal forman parte de los objetivos del nuevo Govern, que prevé alcanzar una inversión en educación cercana al 6% del PIB.

En el ámbito educativo, prevén “preservar el catalán como lengua vehicular y fortalecer el modelo de inmersión como herramienta de cohesión, identidad y convivencia en nuestra sociedad, respetando y valorando todas y cada una de las lenguas que conviven en el espacio educativo, dentro y fuera de la escuela, a partir de la actualización y seguimiento de la aplicación de los proyectos lingüísticos”.

En universidades, "se completará el proceso de reducción de precios públicos blindando la rebaja del 30% de los precios públicos, estableciendo la igualdad de precios entre los grados y los másters y eliminando los sesgos económicos en la elección de estudios".

Economía

El acuerdo incluye la elaboración de un Plan para la Reactivación Económica y la Protección Social que se nutrirá de los fondos europeos Next Generation y la creación de un fondo de inversión público-privado para la reactivación y transformación del tejido productivo del país, "especialmente enfocado a abordar los principales retos económicos y ambientales y con la participación de pymes, cooperativas y otras iniciativas de la economía social y solidaria".

Consolidar el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) como banca pública del país, referente en el apoyo a los proyectos catalanes con capacidad de ser financiados con los mecanismos contemplados en Next Generation es otro de los objetivos. Se elaborarán, asimismo, un Pacto Nacional para la Industria de Cataluña que actualice la política de reindustrialización para el periodo 2021-2027. En fiscalidad, apuestan por un sistema impositivo justo y profundizar en la fiscalidad ambiental en la línea de las recomendaciones de la UE.

El Govern se propone incrementar el presupuesto de vivienda hasta 1.000 millones con el objetivo de que el gasto público en política de vivienda alcance la media europea y aumentar cada año el parque público de vivienda de alquiler social de especial atención a la vulnerabilidad, con un objetivo mínimo de 5.000 viviendas.

Restablecer la confianza

El acuerdo suscrito subraya la necesidad de establecer mecanismos de coordinación basados en la "lealtad mutua", tras las peleas que JxCat y ERC protagonizaron en el anterior mandato. Por eso, "los grupos parlamentarios de ERC y Junts no sólo coordinarán su actuación parlamentaria sino que garantizarán la votación conjunta y coincidente respecto de todas aquellas actuaciones parlamentarias que afecten a la acción de gobierno". 

Asimismo, se crearán los siguientes mecanismos de coordinación para "el desarrollo del programa de gobierno, la estabilidad gubernamental y parlamentaria y la lealtad entre los socios de Gobierno: Equipo de Coordinación Parlamentaria, Equipo de Coordinación Gubernamental, Coordinación de Comunicación y Equipo de Segumiento del Acuerdo.