Romeva, investigado por posible desvío de fondos para "internacionalizar" el 'procés'

La justicia investiga al exconsejero Raül Romeva --que ya cumple condena en Lledoners por los hechos relacionados con el procés-- por presunta malversación de fondos públicos para "internacionalizar" el independentismo. Una jueza de Barcelona tiene abierta una causa contra el extitular de Exteriores, así como Albert Royo, exsecretario del Diplocat y Víctor Culell, secretario de Govern, entre un total de diez cargos de la Generalitat.

Según ha avanzado el diario Ara y ha podido confirmar Crónica Global, la investigación viene de una querella presentada por la fiscalía ante el juzgado de instrucción número 18 de Barcelona a raíz de un informe del Tribunal de Cuentas de 2019, por posibles ilícitos penales cometidos con dinero público en la promoción exterior del procés, en particular, delitos de prevaricación, malversación de caudales y falsedad en documento oficial.

Contratos "arbitrarios"

En un auto al que ha tenido acceso la agencia Efe, la jueza ha resuelto citar a los acusados para esclarecer su supuesta implicación en el desvío de fondos públicos de la Consejería de Exteriores para "internacionalizar el derecho a decidir" a través de subvenciones y contrataciones de trabajos académicos que podrían haber sido "arbitrarios". Unos hechos que se remontarían al periodo comprendido entre los años 2011 y 2017.

Parte de los gastos analizados por el Tribunal de Cuentas son los 479.633 euros desembolsados en 45 viajes internacionales de cargos públicos. Según el informe del Tribunal, estos desplazamientos puede atribuirse a los esfuerzos para promover la causa de la independencia de Cataluña, por lo que aprecia indicios de irregularidad.

Llamamiento a la "solidaridad"

Uno de los encausados, Albert Royo, ha reaccionado este miércoles en Twitter a la investigación y ha pedido ayuda a la Caja de Solidaridad independentista para costear la fianza millonaria que se le reclama.

El mensaje publicado por Albert Royo en Twitter / CG

"Hoy me he enterado que el Tribunal de Cuentas me reclama 4,5 millones de euros por la acción llevada a cabo como secretario general del Diplocat de 2013 a 2017 (consideran que la mitad del trabajo realizado era inconstitucional) y que me abren un segundo caso penal por ello (a sumar al 1-O)", lamenta en su tuit.