El sueño de una alta escuela funcionarial catalana languidece

Enero de 2017. El Govern presenta la memoria preliminar del anteproyecto de ley de la Escola Nacional del Govern i Administracions Públiques de Catalunya, llamada a convertir en estructura de Estado la Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), donde se forma a los funcionarios y altos cargos de la Generalitat. Cuatro años después, ese proyecto, bendecido por Carles Puigdemont, duerme el sueño de los justos y el futuro cambio de gobierno --el centro depende de la Consejería de Políticas Digitales, en manos convergentes, pero podría pasar a ERC-- introduce más incertidumbre.

La EAPC ha asistido a un recorrido inverso a la selecta École Nationale d'Administration (ENA), de la que han salido grandes personalidades políticas como Francois Hollande, Jacques Chirac, Dominique de Villepin, Lionel Jospin, Segolène Royal o Martine Aubry. El presidente francés Emmanuel Macron acaba de sustituirla por un Instituto del Servicio Público (ISP) menos elitista y más popular, para congraciarse con las exigencias de los chalecos amarillos.

La ENA catalana

La EAPC aspiraba a ser una especie de ENA a la catalana, pero ese objetivo decayó tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, respuesta al desafío independentista.

Creada en 1912 por Enric Prat de la Riba como forma de combatir el caciquismo de aquella época, la EAPC está regulada en la ley 4/1987, donde es definida como una institución básica de formación, selección y estudio en materia de Administración pública. En la memoria del citado anteproyecto se justificaba la conversión del centro en la Escola Nacional de Govern en la necesidad de disponer de un organismo reforzado y con un nuevo enfoque que dé respuesta a los nuevos retos del siglo XXI, con una Cataluña integrada en la UE, y en un entorno globalizado y altamente tecnificado.

El historiador Agustí Colomines / EFE

El nuevo centro debía inaugurarse en 2017 --año del centenario de la muerte de Prat de la Riba-- y el entonces presidente Puigdemont encomendó ese proyecto a Agustí Colomines, exresponsable de la Fundación Trias Fargas, vinculada a CDC.

La aplicación del artículo 155

Sin embargo, el desafío secesionista y la consiguiente aplicación del artículo 155 de la Constitución hizo decaer la tramitación de la ley. Colomines nunca escondió que su objetivo era formar a los funcionarios del nuevo Estado catalán. Fue cesado como director del centro en abril de 2018. Asumió en funciones ese cargo el secretario general de Políticas Digitales, Xavier Gatius, hasta que en septiembre de 2020, Marta Felip, exnúmero dos de la cesada Àngels Chacón en la Consejería de Empresa, fue nombrada directora de la EAPC.

PSC-Units pidió la comparecencia de Felip en el Parlament para conocer sus proyectos para la Escuela, que cuenta con un presupuesto de 13 millones de euros, pero llegó la pandemia y esas explicaciones nunca se produjeron.