El magistrado Pablo Llarena ha citado para el próximo 30 de abril a la exconsellera de la Generalitat Meritxell Serret (ERC) --huida en Bélgica durante más de tres años por el procés independentista--, y que se puso a disposición del Tribunal Supremo el pasado 11 de marzo para prestar declaración en la causa.

Fuentes jurídicas han informado de la nueva citación después de que Llarena tuviera que suspender su comparecencia del pasado 8 de abril al haber alegado Serret que era contacto estrecho de un caso positivo de coronavirus.

Para esta declaración indagatoria, el juez ha citado también al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas.

Malversación y desobediencia

La exconsellera de Agricultura, procesada por los delitos de malversación y desobediencia tras el referéndum ilegal de secesión de Cataluña del 1-O, se personó el pasado 11 de marzo por sorpresa en el Supremo para ponerse a disposición del tribunal y regularizar su situación procesal de rebeldía.

Tras entregarse, Llarena dejó en libertad provisional a Serret sin medidas cautelares, de manera que dejó sin efecto la orden de busca y captura sobre ella y la situación de rebeldía de la misma.

Cinco fugados

Serret es una de los cinco miembros del Govern de Carles Puigdemont que huyó del país tras la declaración unilateral de la independencia (DUI) de octubre de 2017 junto al propio president y los exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluis Puig.

No obstante, Serret era la única de los cinco políticos fugados en Bélgica sobre la que no pesaba una orden europea de detención y entrega porque la sentencia del procés dictada el 14 de octubre de 2019 despejó su horizonte procesal y la situó en una situación menos gravosa, hasta el punto de librarse previsiblemente de la prisión.

Penas menores

Esto es así porque Serret fue procesada por malversación de caudales públicos y desobediencia, al igual que los exconsellers Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs quienes, sin embargo, fueron condenados por desobediencia y no por malversación al no haberse acreditado que sus departamentos realizaran pagos concretos por la organización del 1-O, como pasa con la Consejería de Serret.

La pena prevista para el delito de desobediencia es de multa e inhabilitación para empleo o cargo público de hasta dos años.