El Tribunal Supremo (TS) devuelve el caso Borràs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Argumenta para ello que ha perdido la competencia para continuar con la causa contra la actual presidenta del Parlament, en tanto que en marzo ella perdió su condición de miembro del Congreso de los Diputados, por lo que era aforada ante el alto tribunal.

Borràs perdió la condición de aforada cuando dejó de ser diputada del Congreso. Y, como ni siquiera se ha abierto aún juicio oral, el Supremo explica que ha perdido la competencia para investigar no solo a la imputada, sino al empresario Isaías Herrero, a quien extendió su competencia.

Diversos presuntos delitos

El TS acordó la apertura de procedimiento contra Laura Borràs el 17 de diciembre del 2019 por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en la etapa en la que fue directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Lo hizo tras escuchar a la juez de Instrucción número 9 de Barcelona, y designó instructor a Eduardo de Porres.

De Porres había reunido pruebas documentales y periciales solicitadas por la fiscalía y la defensa de Borràs, quien el pasado julio se negó a contestarle alegando que la práctica de dichas diligencias demostraría su inocencia en relación con 18 contratos cuya tramitación irregular se están investigando.

Cadena de correos electrónicos

Según la instrucción realizada inicialmente por un juzgado de Manresa (Barcelona) y finalmente remitida al TS, las irregularidades aparecen en 18 contratos de la ILC por valor de 259.863 euros y que fueron adjudicados a un amigo personal de Borràs, Isaías Herrero, a quien se investiga en este mismo procedimiento. La prueba clave, según las pesquisas iniciales, se encontró en una cadena de correos electrónicos enviados en 2013 y 2014 en los que Borràs señala de "forma muy explícita" a Herrero cómo debía proceder.

La investigación apunta a una posible prevaricación en las resoluciones dictadas por Borràs que dieron lugar a la omisión injustificada de los trámites esenciales del procedimiento administrativo, lo que en espera de poder escucharla en declaración "carece de toda explicación jurídica y evidencia la exclusiva voluntad de favorecer los intereses" de su amigo Herrero, ocasionando con ello un resultado materialmente injusto, según expuso el magistrado en su exposición razonada al Congreso.

Fraccionamiento ilegal de contratos

Las investigaciones también constataron que una de las empresas licitantes para conseguir uno de los contratos presuntamente irregulares, Lab Hermeneia, la creó con anterioridad Borràs, aunque finalmente la adjudicación fue a parar a una de las compañías de Herrero, que presentó un presupuesto de 100 euros menos.

Además, hay indicios de que Borràs y Herrero actuaron de común acuerdo mediante el fraccionamiento ilegal de esos contratos y la falsificación de los presupuestos presentados en cada uno de los expedientes, simulando la participación de terceras personas independientes. Ello, según De Porres, aflora "un claro perjuicio para el erario público al resultar imposible determinar el trabajo realmente realizado y su valor económico".

Unos "trapis"

Otra de las conversaciones que se tienen en cuenta es en la que Herrero reconoce a su socio, en noviembre de 2017, que tiene unos "trapis" con la diputada de Junts: "Con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la cooperativa, yo facturo unos trapis por allí", dijo en alusión a la ILC, sobre la que añadió que tenía que hacer "dos presupuestos buenos y cuatro no buenos...". Además, manifiesta que la situación cambiaría en cuanto Borràs dejara la institución.

Por todo ello, Borràs estaba citada a declarar de forma voluntaria el 14 de febrero del 2020, pero no acudió y fue necesario cursar un suplicatorio al Congreso para obligarla a comparecer el 22 de julio, aunque tampoco dio explicaciones. Un año después llegaron las elecciones autonómicas, con la candidatura de la investigada por el partido Junts per Catalunya.