Nervios en el equipo de Ada Colau en Barcelona por la imputación por presunta prevaricación de Janet Sanz, teniente de alcalde de Urbanismo. El equipo de gobierno de Barcelona vive con "nerviosismo" la investigación de la concejal de BComú por el caso Buenos Aires, en el que un juez investiga si hubo ensañamiento contra un inversor que quería transformar en hotel una mansión, después okupada.
Lo ha avanzado Metrópoli Abierta, que señala que Janet Sanz esquivó una comparecencia pública en las comisiones municipales de la semana pasada por recomendación de los servicios jurídicos. Los técnicos aconsejaron a la edil no dar la cara porque el caso está enjuiciado. Esta negativa a explicarse en este ámbito coincide con el aire de pesimismo sobre el procedimiento judicial. "No pinta bien", explican voces cercanas al bipartito.
Ciudadanos pide apartarla
El proceso por el veto municipal a transformar la mansión Buenos Aires en un hotel se sigue en el juzgado de Instrucción número 12 de Barcelona. Mientras el juez instruye el caso, Ciudadanos pide desde la oposición que se aparte de forma cautelar a Janet Sanz del organigrama hasta que se aclare si hay indicios firmes de delito para enviarla a juicio.
"Pedimos a Colau y al PSC que aparten a Sanz de sus funciones hasta que se aclare su situación procesal y que cumpla de paso con el código ético de su propio partido", exige Luz Guilarte, portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Barcelona. "La gestión de Sanz en materia de urbanismo es una absoluta chapuza y el caso concreto de esta imputación demuestra la política prookupación de este gobierno municipal", agrega la misma electa.
Guante de seda
En opinión de Guilarte, el Ejecutivo local "protege" a los que no cumplen la ley y dejan indefensos una vez más a los propietarios". "Con esta operación --continúa-- pretenden legalizar la ocupación bajo el pretexto de la construcción de vivienda dotacional". El trato del ayuntamiento con los okupas de la casa Buenos Aires ha sido bienintencionado, tal y como apuntan fuentes municipales. No en vano, la Guardia Urbana llegó a acudir hasta en ocho ocasiones al palacete okupado por denuncias de ruidos, sin identificar ni multar a nadie. Se apunta a que esta actitud sorprende, ya que los agentes dispondrían de herramientas suficientes para proceder a ello. Desde el cuerpo de seguridad municipal, con todo, aseguran que entrar en un inmueble e identificar a los que están dentro es competencia de Mossos d'Esquadra.
En paralelo al allanamiento de la villa situada en el barrio de Vallvidrera, el consistorio bloqueó su derribo y transformación en hotel de lujo. Tras ello, aprobó su expropiación, un expediente que se encuentra parado en la subcomisión de Urbanismo. Es el veto al inversor, London Private Company, lo que el juez estudia si fue delictivo y merece reproche penal.