Cada vez más jueces catalanes en la ‘opresora justicia española’

Entre las muchas consignas independentistas oídas durante los años del procesismo destaca la de una “justicia española opresora” que practica la “catalanofobia”. Una teoría casi etnicista, según la cual, los problemas judiciales de los secesionistas se deben a cuerpo judicial demasiado españolizado. Sin embargo, las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desmontan ese mito soberanista, pues cada vez son más los jueces de origen catalán. De hecho, Cataluña apenas se ha movido del top five de autonomías que nutren de jueces a la administración de Justicia.

Frente a este enfoque identitario, los partidos independentistas han olvidado de nuevo los problemas que realmente afectan al estamento judicial, pilar de cualquier Estado de Derecho. Como ya  contemplaba la ley de transición nacional a la república catalana, una de las leyes de ruptura revocada por el Tribunal Constitucional, el partido de Carles Puigdemont contempla entre sus escasas propuestas para la Justicia la fiscalización de la actuación de los jueces, cargándose así la separación de poderes.

Los jueces, tras aprobar una oposición, cursan dos años en la Escuela Judicial, centro de selección y formación situado en la sierra de Collserola (Barcelona) desde 1997 gracias a los acuerdos del Govern de CiU con el ejecutivo de José María Aznar.

Las encuestas realizadas a los alumnos de cada promoción --son voluntarias-- revelan ese alto porcentaje de nuevos jueces residentes en Cataluña. Así, los datos acumulados de la 48ª promoción del curso 1996-1997 a la 71ª promoción del curso 2021-2022, revelan que Cataluña es la quinta comunidad que más nutre de jueces a esta jurisdicción, por debajo de Andalucía, Madrid, Valencia, Castilla y León, pero por encima de Galicia, una autonomía con una gran tradición de oposición. [Las estadísticas por cursos se pueden consultar en este enlace].

El porcentaje medio de jueces procedentes de Cataluña asciende a un 7,7%, aunque ha habido cursos donde esa cifra se ha elevado a un 9,68%, como el de 2018-2020, cuando Cataluña ocupó una cuarta posición. O a un 10,77% en 2017-2018. En la promoción de 2014-2016, la comunidad catalana se situó en un tercer puesto, con un 14% de jueces procedentes de esa autonomía. También ha habido retrocesos, como en 2011-2013, cuando se bajó a un sexto puesto, con un 7,63% del total.

Otra cosa son los traslados. Y ahí sí que se ha notado un aumento de jueces que piden un nuevo destino debido no solo a los momentos convulsos del procés, sino también a la carestía de la vida en Cataluña y a la cooficialidad de dos lenguas. En 2019, según la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, se contabilizaron 134 vacantes de un total de 832 plazas. El goteo de salidas es constante.

Descentralización total

Los partidos independentistas aspiran a la descentralización absoluta de la Justicia. Los jueces y fiscales son un cuerpo nacional, pero la Generalitat tiene competencias en materia de recursos materiales y personales en las oficinas judiciales. Tanto Junts per Catalunya, como ERC, ha pasado de puntillas sobre las necesidades de esta administración durante la campaña electoral del 14F.

Pero, en la línea de lo apuntado en las leyes de ruptura, la candidatura de Carles Puigdemont está a favor de “vigilar el uso sesgado, antidemocrático o irrespetuoso con los derechos fundamentales del derecho y/o el sistema judicial para denunciar las vulneraciones y, en su caso, impulsar el ejercicio de las acciones que procedan". Como por ejemplo “denunciar las actuaciones de tribunales que no sean imparciales así como las investigaciones o actuaciones de la fiscalía carentes de neutralidad”.

Mejoras necesarias, según STAJ

Sobre la mejora de la oficina judicial, mutismo. Para el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), mayoritario en este ámbito, entre las cuestiones pendientes que se vienen reclamando desde hace años a la Consejería de Justicia destaca la mejora del complemento específico de los funcionarios de cuerpos generales y especiales, para acabar con las desigualdades con respecto a las Comunidades Autónomas con competencias asumidas; la implementación de la Nueva Oficina Judicial (hasta la fecha 17 partidos judiciales) con el estudio de cargas de trabajo con revisión al alza de las plantillas orgánicas; solución a los problemas que aún sigue provocando la ‘justicia digital’; aumentar la eficacia del teletrabajo con parámetros de eficacia y seguridad jurídica, y como forma habitual de herramienta de trabajo sin menoscabo de los derechos tanto de lis trabajadores como de los ciudadanos en la prestación de la administración de justicia.

También reclaman aumentar las medida de seguridad en los centros de trabajo y protocolos eficaces, ante la posibilidad de evitar la Covid-19 y la mejora de la formación continua, ampliando la oferta de forma que llegue a todo el personal al servicio de la Administración de Justicia.