El Govern de la Generalitat ha derogado un total de 1.247 normas reglamentarias aprobadas entre los años 1977 y 1985 y que ya están obsoletas, con el objetivo, según asegura, de reforzar la seguridad jurídica en Cataluña de forma que se faciliten las actividades económicas.
En su última reunión antes de las elecciones del 14F, el Ejecutivo catalán ha aprobado el decreto de simplificación de disposiciones reglamentarias, que anula normas que ya habían sido tácitamente derogadas porque habían perdido vigencia.
"Mejorar la calidad institucional"
Con esta iniciativa, que pretende "mejorar la calidad institucional y la credibilidad del sector público y fomentar un entorno favorable a la actividad económica", las normas reglamentarias anuladas podrán identificarse en el Portal Jurídico de Cataluña como no vigentes.
La depuración del ordenamiento jurídico catalán se inició con el plan de simplificación normativa 2016-2017, que preveía revisar la vigencia de todas las normas con rango de ley, lo que supuso la derogación de 161 que ya no se aplicaban.
Posteriormente, se abordó la revisión de las normas reglamentarias --un total de 5.251 decretos y órdenes--, en un proceso que se sometió a consulta ciudadana y de los operadores económicos y sociales, con el fin de garantizar que el sistema normativo catalán sea claro, accesible y comprensible.