Ayuntamientos catalanes, gobernados por partidos de diferente color político, han decidido pasar a la acción al constatar la incapacidad del Govern para atender sus problemas. Algunos recurren al frente común, como es el caso de los ediles de la Cerdanya y Ripollès, o a la denuncia ante la pasividad del Ejecutivo autonómico, como ha ocurrido en las comarcas de Tarragona y Lleida afectadas por el temporal Filomena. En el caso de Barcelona, el consistorio ha invocado la Carta Municipal, con rango de ley, para pedir al Estado financiación en cuestiones como la vivienda. La respuesta de la Generalitat va desde el mutismo a la amenaza del conflicto competencial.

 

 

Alcaldes catalanes de diferente signo político se quejan de la inacción del Govern / EP

Tal como ha publicado Crónica Global, la Generalitat olvidó pedir al Gobierno la declaración de zona de emergencia para Cataluña por los estragos del temporal Filomena, lo que ha puesto en pie de guerra a territorios como Lleida y Tarragona, donde la borrasca causó graves daños en el 80% de los cultivos de olivos. Los más perjudicados fueron los de las comarcas de Terra Alta, la Ribera d’Ebre, el Priorat, las Garrigues, Urgell y el Segrià, además de los humedales del delta del Ebro. Se trata de zonas situadas en la llamada Cataluña despoblada, maltratadas en los presupuestos de la Generalitat, pues las partidas para 2020 han sido un 80% inferiores a las de 2010. En el caso de Terres de l’Ebre, la cifra fue un 5% inferior a la de 2017.

Imagen de Puigcerdà, en la Cerdanya, donde la comunidad de inmigrantes denuncia su exclusión del programa de fiestas

El caso de Barcelona

Ante esta situación, la Delegación del Gobierno en Cataluña ha enviado una carta a la consejera de Presidencia, Meritxell Budó, para informarle de que está a tiempo de solicitar la declaración de emergencia para esas zonas. Con motivo del temporal Gloria, el Gobierno concedió 37 millones a la Generalitat por los daños ocasionados.

Al Estado también ha apelado el Ayuntamiento de Barcelona, en este caso para financiar vivienda asequible durante los próximos tres años. Lo ha hecho a través del teniente de alcalde Jaume Collboni, responsable del área económica, que cerró un acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por valor de 70 millones. A la Generalitat parece que no le ha gustado ese “puenteo” y amenaza con un conflicto de competencias --las políticas de vivienda competen al gobierno autonómico--. Pero el consistorio invoca la Carta Municipal, con rango de ley, que dota de un régimen especial a la Ciudad Condal.

Estado en el que han quedado los olivos tras el paso de la borrasca 'Filomena' / EP

Apagones

Los alcaldes socialistas también se han movilizado ante los cortes de luz registrados en plena ola de frío. Una treintena de ellos se reunieron la semana pasada con la compañía para pedirle explicaciones, de nuevo ante la inacción de la Consejería de Empresa, cuyo titular, Ramon Tremosa, tendrá que comparecer ante la Diputación Permanente del Parlament para rendir cuentas sobre esos apagones.

Un total de 390.000 personas se vieron afectadas por esas interrupciones, según los datos recopilados por los alcaldes de Barberà del Vallès, Barcelona, Badalona, Castellbell i el Vilar, Cerdanyola del Vallès, Esparreguera, Figueres, Gavà, Girona, Granollers, Igualada, Les Masies de Voltregà, Lliçà d'Amunt, Masquefa, Mataró, Molins de Rei, Palamós, Puigverd de Lleida, Reus, Riba-roja d'Ebre, Ripollet, Rubí, Sabadell, Salt, Sant Esteve Sesrovires, Senterada, Terrassa, Torrelles de Llobregat, y Viladecans.

Confinamiento del Pirineo

Pero los ediles movilizados no solo pertenecen al PSC. Cincuenta alcaldes de la Cerdanya, Alt Urgell, Ripollès, Pallars Jussà y Sobirà, Aran y Ribagorça, varios de ellos miembros de Junts per Catalunya y ERC, han consensuado un frente común contra el confinamiento municipal acordado por el Govern en esta zona pirenaica. Exigen participar en las reuniones de Procicat para que se tenga en cuenta al Pirineo en la toma de decisiones, “cosa que ahora no sucede”.

Jaume Collboni, primer teniente de alcalde de Barcelona / CG

Los cargos municipales instan a que las restricciones se anuncien con más antelación, para minimizar el impacto económico, y que éstas vayan acompañadas de medidas de reactivación económica y ayudas económicas. Petición esta última que va dirigida al Gobierno y a la Generalitat.

Acabar con el centralismo

Como publicó este medio, el alcalde de Llívia, Elies Nova, rompió el carnet de ERC tras el caos en dicha comarca, que primero fue unida perimetralmente con Andorra y Alt Urgell para luego, de forma repentina, ser confinada, dejando a bares, restaurantes y hoteles sin capacidad de reacción.

“Nuestras comarcas no se pueden tratar igual que el área metropolitana, pues no es lo mismo las 16.000 personas que allí viven por kilómetro cuadrado, a las cinco que viven en algunos municipios del Pirineo”, afirman estos cargos municipales. Reclaman acabar con el centralismo de Barcelona a la hora de definir las políticas contra el Covid.