El Govern ha autorizado un nuevo convenio marco entre la Generalitat y las 13 cámaras que integran Consejo General de las Cámaras de Oficiales de Comercio, Industria y Navegación. Lo hace por la puerta de atrás, con el Parlament disuelto ante la convocatoria de elecciones, lo que limita la capacidad de debate sobre una normativa que, según fuentes de la oposición, está hecha a la medida de Joan Canadell, expresidente de la Cámara de Comercio de Barcelona y flamante número 3 de la candidatura de Junts per Catalunya (JxCat).
Además, este convenio tiene lugar después de que fracasara la aprobación, por vía exprés, de una ley de cámaras de comercio con la que se pretendía regular la representatividad institucional y la financiación de estas corporaciones públicas. Foment del Treball y Pimec y los sindicatos UGT y CCOO rechazan que se otorgue a las cámaras una representatividad del mundo empresarial y económico para la cual no están legitimadas. Canadell dejó la presidencia de la Cámara, no sin antes intentar compatibilizar un cargo en este organismo con el escaño parlamentario si, finalmente, quedaba relegado a soldado raso.
Acuerdos bilaterales
En este sentido, el convenio al que ha dado luz verde el Consell Executiu contempla la posibilidad de suscribir acuerdos bilaterales entre una cámara y un departamento de la Generalitat o su sector público. Las mismas fuentes critican la opacidad sobre ese pacto, ya que no se especifica si se incluirá una financiación estable, como pretenden estas corporaciones.
La Generalitat intenta desde hace años aprobar una ley catalana que regule las 13 cámaras. La norma marco que el Estado aprobó en 2014 fijaba el 31 de enero de 2015 como la fecha máxima, que se ha prorrogado de forma sucesiva en los últimos cinco años. El Govern nunca ha conseguido el consenso necesario para aprobarla.
Norma pendiente desde 2011
El primer convenio marco entre Generalitat y el Consejo de Cámaras se aprobó en 2011. Ahora, el Govern pretende lograr una "mayor eficiencia" en la implementación de proyectos dirigidos a la reactivación del tejido empresarial, especialmente después del impacto del Covid-19".
Las acciones previstas en el documento que deberán realizar las cámaras "corresponderán a sus funciones públicas, fundamentalmente en los campos de la internacionalización, la formación y la competitividad y sostenibilidad" y "estarán relacionadas con los ámbitos competenciales de los departamentos". Esto es todo lo que se conoce de la relación bilateral entre la Generalitat y esta entidad de derecho público.