El inspector jefe de la policía local de Molins de Rei (Barcelona), Jordi Molina Bejarano, formó parte de un tribunal de oposiciones de la Guardia Urbana de Barcelona pese a encontrarse de baja.
El máximo cargo de la policía local llevaba meses fuera de servicio cuando fue designado miembro titular de un órgano encargado de seleccionar a 25 subinspectores del cuerpo de seguridad pública.
¿Un procedimiento anulable?
Según consta en un anuncio fechado el pasado 18 de junio, Molina accedió al órgano como vocal titular. El funcionario, que se encuentra incapacitado temporalmente, fue seleccionado como uno de los integrantes del tribunal. Ello pese a que fue sustituido de su plaza en el municipio metropolitano y está al margen de todas sus responsabilidades policiales.
El sindicato Spl-Cme considera que estos hechos podrían dejar en el aire todo el procedimiento. E incluso abrir la puerta a su anulación: "Entendemos que estamos frente a un fraude que deberían conocer los opositores, y que abre la puerta a una impugnación del proceso de la Guardia Urbana de Barcelona", apuntan miembros de la organización.
Otro nombramiento en Reus
Molina también consta como miembro suplente de otro órgano creado para designar inspectores del cuerpo local de Reus (Tarragona), cuya resolución se dio a conocer el pasado 30 de julio.
Este medio no ha podido acreditar si finalmente Molina tomó asiento en ambos tribunales o solamente fue nombrado para los mismos. Crónica Global ha contactado sin éxito con el consistorio del Baix Llobregat y la Guardia Urbana de la capital catalana para recabar más detalles del caso.
Un policía bajo sospecha
Se trata de otro episodio polémico en el historial del jefe policial de Molins de Rei. De hecho, el agente está siendo investigado por la justicia por la presunta retirada de multas de tráfico, así como por presionar a trabajadores del ayuntamiento para garantizar un trato de favor a los sancionados.
El juzgado de instrucción número 3 de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) que investiga la causa, cerca al inspector por presunta prevaricación, usurpación de funciones, tráfico de influencias y amenazas contra varios empleados de la institución.
Filias independentistas
Molina también es conocido por sus filias indepes. En 2018, expedientó a dos agentes del cuerpo solo por ser "constitucionalistas". Él mismo lo reconoció por escrito después de suspender de empleo y sueldo durante seis meses a dos subordinados, tal y como informó El Liberal.
Una trayectoria que se complementa con otra investigación abierta por el uso presuntamente ilegal de la base de datos del portal de la Dirección General de Tráfico (DGT) para revender coches usados a través de Wallapop.