Junts per Catalunya, ERC y CUP registrarán el 15 de marzo una proposición de ley por la amnistía en el Congreso dirigida a "todos los actos de intencionalidad política" desde 2013 vinculados "a la lucha democrática por la autodeterminación de Cataluña".
La propuesta incluye las causas abiertas por el proceso consultivo del 9 de noviembre de 2014 y el referéndum del 1 de octubre de 2017, así como todas las causas abiertas a partir de entonces y hasta ahora.
Todos los delitos imputados
En el texto se especifica que la amnistía comprende las causas por rebelión y sedición, así como cualquier delito de orden público, y también delitos como los de prevaricación, falsedad, malversación, desobediencia o revelación de secretos.
El articulado indica también que las personas beneficiarias de esta ley no podrán en el futuro ser interrogadas, investigadas o citadas a declarar, detenidas o procesadas por los hechos contemplados en el texto
Los independentistas quieren reforzar su iniciativa con la aprobación en el Pleno del Parlament que se celebra esta semana de una propuesta de resolución que presentaron con este objetivo.
La presentación de esta iniciativa legislativa ha sido anunciada por la diputada de la CUP Natàlia Sànchez durante un acto conjunto que partidos independentistas y Òmnium Cultural han celebrado este lunes en el patio de la antigua cárcel de La Modelo de Barcelona.
El objetivo, según Sànchez, es registrar la propuesta de ley en el Congreso con el máximo apoyo posible de los ciudadanos a través de una recogida de firmas, que de momento acumula 40.000 apoyos.
En el acto han participado a través de un vídeo el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, quien ha valorado positivamente la unidad independentista ante una ley de amnistía, que considera fundamental para "la solución política al conflicto". También de forma virtual, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha abogado por "la amnistía, la libertad y el derecho a la autodeterminación", y la exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, ha defendido que la amnistía debería suponer "un proceso de democratización en el Estado".