Por causas nunca aclaradas, la Comisión de Justicia del Parlament es una de las menos activas. Mientras otros órganos como Empresa o Cultura se reúnen dos o incluso tres veces al mes, este instrumento de trabajo parlamentario lo hace como mucho una vez cada cuatro semanas. En septiembre, por ejemplo, no se convocó. En esta comisión se elaboran leyes relativas a la administración de justicia y el sistema penitenciario y propuestas de resolución. Y comparecen expertos en materias que dependen de la Consejería de Justicia de la Generalitat, que también se ocupa de asuntos religiosos y memoria democrática.
La reunión prevista hoy, la última de esta legislatura que concluye el día 22 de diciembre debido a la convocaroria electoral, ha quedado reducida a la mínima expresión por el plante de la consejera de Justicia, Ester Capella, que viene precedido de un surrealista intercambio de correos electrónicos entre ERC y la presidenta de la Comisión.
El compromiso de hace mes y medio
Hace un mes y medio, la presidenta de la Comisión, Yolanda López (Catalunya en Comú-Podem) se comprometió a convocar dos sesiones para acelerar los trabajos pendientes y citar a la consellera, para que los grupos de la oposición pudieran hacer su labor de control del Govern y debatir una serie de propuestas de resolución que estaban pendientes. Sin embargo, el pasado 26 de noviembre se celebró la Comisión, aunque solo se sustanció la comparecencia de dos cargos del departamento para que explicaran la situación en las prisiones y en la Justicia.
Lorena Roldán, diputada del PPC / CG
“Para mi sorpresa, la presidenta de la comisión se despidió de los grupos, dando a entender que ya no habría más convocatorias. Pero cuando le recordé los compromisos adquiridos, alegó que los letrados tenían mucho trabajo con otras comisiones”, explica a Crónica Global la portavoz de Ciudadanos, Lorena Roldán.
Sin embargo, la letrada del Parlament asignada a esta Comisión, Anna Casas, precisó que ella estaba al disposición de la presidencia y que asumiría el trabajo que hiciera falta. Finalmente, se dispuso que la Comisión solo se reuniría hoy jueves en ponencia para avanzar en la proposición de ley sobre la desaparición forzada de menores en Cataluña. Roldán expresó de nuevo su queja.
Cruce de correos
A partir de ahí comienza un intercambio surrealista de e-mails entre la presidenta de la Comisión y los grupos parlamentarios, con la finalidad de disculpar la ausencia de la consejera porque “no tiene agenda disponible”.
Sin embargo, la oposición sospecha que el verdadero motivo de la incomparecencia de Capella es evitar una movilización de los cuatro sindicatos con representación entre los funcionarios de prisiones --Catac, CSIF, CCOO y UGT--, que el pasado 25 de noviembre entregaron a la consellera 1.021 firmas de trabajadores --lo que supone el 25% de la plantilla-- para reclamar el cese de los responsables de las cárceles catalanas, a los que acusan de actuar con talante despótico. El escrito que acompañaba a las firmas hacía referencia al secretario de Medidas Penales, Amand Calderó; al subdirector general de Programas de Rehabilitación y Sanidad, Carles Soler; a la subdirectora de Centros y Gestión Penitenciaria, Paula Montero, y a la subdirectora de Recursos Humanos y Económicos, Rosa Pérez.
Cuando la presidenta de la Comisión de Justicia decidió ampliar el orden de día, el representante de ERC, Jordi Orobitg --la consejera Capella pertenece a este partido--, respondió indignado, también vía correo electrónico, alegando que los grupos minoritarios no podían llegar a todas las comisiones parlamentarias. Ofendido por el error gramatical cometido por Yolanda López con su apellido, Orobitg mantuvo un pulso virtual con la diputada de los comuns, quien se excusó alegando que estaba haciendo la cena. López puso en su sitio al republicano, al asegurar que la ampliación del orden del día no era una iniciativa partidista, sino decisión de la Mesa de la Comisión.
Temas pendientes
No obstante, la presidenta de la Comisión dio marcha atrás finalmente y hoy solo se debatirá la citada proposición sobre los bebés robados. De esta forma, quedarán pendientes de debate propuestas de resolución sobre cuestiones tan importantes como el incremento de medios materiales y personales de la Administración de Justicia en los juzgados afectados por la suspensión de plazos procesales durante la declaración del estado de alarma, el refuerzo urgente de la implantación de medidas de protección del Covid en juzgados y partidos judiciales de Lleida, sobre el principio de autonomía del ministerio fiscal como garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos, o sobre la mejora de las condiciones laborales y retributivas de los jueces de carrera para cubrir las vacantes producidas como consecuencia del acoso separatista.