El afán recaudatorio del Ayuntamiento de Barcelona genera situaciones inverosímiles. Es el caso de un vehículo antiguo que ha sido multado por incumplir la normativa de emisiones contaminantes cuando en realidad era transportado por una grúa con destino al desguace.

Un radar instalado en la céntrica calle Aragó fotografió al coche que iba cargado en una furgoneta, pero --pese no transitar con sus propios motores-- sancionó a su propietario como si estuviese circulando irregularmente con él y contaminando la atmósfera.

100 euros de multa

El titular del automóvil, un ciudadano de Barcelona, ha recibido en su domicilio la comunicación de que la autoridad local le multa por “circular en la zona de bajas emisiones”.

El correctivo es de 100 euros, que se reducen a la mitad si se abonan antes de veinte días naturales.

La fotografía demuestra que no circulaba

El documento del Institut Municipal d’Hisenda que le hace saber la sanción incluye, a título de justificante, la habitual foto probatoria de la infracción.

Lo sorprendente es que la imagen muestra claramente que el vehículo sancionado no está en el suelo sino a bordo de la grúa.

Zona de Bajas Emisiones

La Zona de Bajas Emisiones se instauró el primero de enero pasado. Comprende un área de 95 kilómetros cuadrados, que incluye los municipios de Barcelona, Hospitalet, Sant Adrià de Besós y parte de Cornellà y Esplugues de Llobregat.

Los vehículos sin distintivo ambiental de la DGT tienen prohibido circular de lunes a viernes, de siete de la mañana a ocho de la noche.

Trámites burocráticos

Se da la circunstancia de que el denunciado acudió ese mismo día al taller, con el propósito de darlo de baja por viejo y contaminante. Tras firmar la documentación correspondiente, un empleado del establecimiento cargó el coche en la grúa y lo trasladó hasta un centro de desguace. Al pasar por la calle Aragó, un radar de Colau captó el paso del camión portando el vehículo, tal como se observa en la fotografía.

Ahora, el afectado habrá de pasar por los engorrosos trámites burocráticos que exigen las ordenanzas del consistorio. Para evitar el desembolso de 100 euros, deberá elevar al ayuntamiento un escrito de alegaciones, indicando nombre, apellidos, domicilio, NIF y permiso de conducir.