La situación de los presos del procés divide, en apariencia, al Gobierno de coalición. Mientras Unidas Podemos presiona para que se indulte a los condenados por sedición antes del 14F, el PSOE responde que los tiempos electorales y los próximos comicios catalanes no pueden condicionar ni la tramitación de los indultos ni la reforma del Código Penal que, entre otras cosas, modificará a la baja el delito de sedición.

La Moncloa responde de este modo a la insistencia de Podemos este martes en el Congreso para que los condenados por el procés salgan de prisión antes del mes de febrero, ya sea por cualquiera de estas vías.

Todo a su debido tiempo

Fuentes gubernamentales explican, por un lado, que la tramitación de los indultos debe seguir su curso y que no se pueden acelerar los pasos necesarios, aunque haya partidarios de precipitarlo todo como, Podemos, ERC y Bildu. Es decir, que las peticiones para indultar a los políticos independentistas presos llegarán a la mesa del Consejo de Ministros "cuando toque", después de que se hayan emitido todos los informes que marca la ley.

El portavoz parlamentario de la formación morada ha señalado en RNE que el delito de sedición es "anacrónico" y que utilizar esta figura delictiva "tan grave" contra las movilizaciones que hubo en Cataluña es "peligroso", dado que se podría emplear también en protestas contra desahucios.

Echenique insiste

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha destacado que su formación es partidaria de reformar cuanto antes el delito de sedición y de que se conceda el indulto a los políticos del procés para que puedan hacer campaña, dado que ello aportaría "salud democrática".

El líder podemita, Pablo Iglesias, ya había expuesto en los últimos días su opinión favorable a que los políticos presos salgan en libertad antes del 14 de febrero, fecha en la que se deben celebrar las elecciones a la presidencia de la Generalitat.

No hay plazos

En lo que se refiere a la reforma del Código Penal, el PSOE recuerda que es una cuestión en la que el Ministerio de Justicia de Juan Carlos Campo lleva meses trabajando, que forma parte de las previsiones del Gobierno, pero que todavía "no está terminada".

Aunque hasta hace días era el propio Campo el que aseguraba que quería tener lista la reforma antes de final de año, ahora el Gobierno evita dar plazos y, en todo caso, lo desvincula de las elecciones catalanas y de los ritmos electorales.