La Generalitat celebrará el 25 de noviembre, Día internacional para la eliminación de la violencia hacia las mujeres, con muchas asignaturas pendientes en materia de maltrato. Cataluña lleva 12 años sin aprobar el reglamento que debe desarrollar la ley catalana de violencia machista y sin elaborar una memoria económica que garantice la viabilidad de las medidas que contempla. Asimismo, estaba previsto que el pacto catalán contra la violencia machista se aprobara hace dos años. Mientras tanto, la comunidad catalana consolida su posición en el ranking sobre agresiones a mujeres.
Según la Macroencuesta de violencia contra la mujer correspondiente a 2019 y publicada por el Ministerio de Igualdad, Cataluña se encuentra entre las comunidades con índices más altos de maltrato físico, sexual, psicológico o económico. Según este sondeo, el 41% de las catalanas fueron víctimas de algún tipo de violencia de sus parejas durante su vida, porcentaje solo superado por Ceuta (42,2%). En los últimos 12 meses, la violencia machista afectó a un 13% de las catalanas, lo que coloca esta comunidad en cuarta posición, por debajo de la Comunidad Valenciana (16,5%), Ceuta (17,8%) y Melilla (17,1%).
Según la diputada de PSC-Units Beatriz Silva, la Comunidad Valenciana, con menos población que Cataluña, destina 21 millones de euros al despliegue de su pacto contra la violencia de género, mientras que Cataluña invierte 19 millones en todas las políticas destinadas a la lacra social que supone el maltrato machista.
Silva, que hoy interpelará a la consejera de Presidencia de la Generalitat, Meritxell Budó, sobre esas políticas sobre la mujer en el pleno del Parlament --el Institut Català de les Dones depende de este departamento--, denuncia: “Somos la segunda comunidad donde las mujeres han sufrido más acoso sexual en el último año y la tercera con más violencia sexual. Un 18% de las mujeres mayores de 16 años dicen que la han sufrido”.
¿Para cuándo un plan de choque?
En 2018, el Parlament aprobó, a instancias del grupo socialista, impulsar un pacto catalán contra la violencia machista con la finalidad de que pudiera ponerse en práctica seis meses después. Pero todavía no se ha ejecutado ese plan de choque, más allá de la creación de un grupo de trabajo en el que todavía no han participado los partidos políticos.
Por el contrario, el pacto de Estado suscrito en el Congreso de los Diputados reunió a todas las fuerzas políticas en una ponencia. De ahí salieron una serie de medidas y 200 millones de euros anuales a repartir entre las diferentes comunidades y blindados en los Presupuestos Generales del Estado ante posibles cambios de gobierno. Andalucía, con 15,3 millones, y Cataluña, con 12,7 millones, son las autonomías más beneficiadas de esos fondos.
Pero la lucha contra la violencia de género en Cataluña tiene más asignaturas pendientes. En 2008 se aprobó la ley de erradicación de la violencia machista. Doce años después, todavía no se ha aprobado un reglamento que desarrolle esa norma ni una memoria económica que permita ejecutar las iniciativas que en la misma se contemplan. Sí que se ha dado luz verde a modificaciones de la norma para que incorpore nuevas conductas agresivas contra la mujer, como la violencia institucional y digital, así como una definición precisa de consentimiento sexual. Sin embargo, la legislatura está a punto de concluir, pues en tres meses se celebrarán elecciones y todo apunta a que la lucha contra el feminicidio sufrirá un nuevo parón.