El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont pedirá el próximo diciembre ante la Eurocámara que la institución le mantenga su inmunidad. Así lo tiene previsto la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, que este lunes daba inicio formalmente al procedimiento que debe decidir sobre el suplicatorio cursado por el Tribunal Supremo (TS) contra Puigdemont y sus exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí.

El Supremo pide a la Eurocámara que retire la inmunidad parlamentaria a los tres antiguos miembros del Govern, que desde hace casi un año son eurodiputados por JxCat. 

Falta de confirmación oficial

El calendario está aún pendiente de confirmación oficial. Tras el primer debate a puerta cerrada que ha marcado la reactivación del procedimiento, la convocatoria debe ser comunicada a todas las partes y esperar a que los eurodiputados reclamados den su visto bueno a la fecha indicada.

Cabe destacar que el procedimiento se activó en enero, pero debido a las restricciones provocadas por el coronavirus tuvo que aparcarse. Ahora, tras contar con el aval de los servicios legales para celebrar las sesiones por vía telemática, se ha podido relanzar.

"Persecución política"

Los abogados de los tres eurodiputados apuestan por una estrategia de defensa basada en denunciar la "persecución política" por sus ideas independentistas. En su opinión, lo que pretende el suplicatorio no es devolveros a España para ser juzgados por el 1-O, sino "impedir que ejerzan de eurodiputados". También pondrán sobre la mesa que el Tribunal Supremo (TS) no es un "órgano competente" para decidir sobre su inmunidad y que no se puede acusar a los tres eurodiputados de delitos como el de sedición, que en otros países de Europa no existen o no son delito.

De hecho, reglas del Parlamento Europeo permiten rechazar un suplicatorio si está motivado por opiniones o votos del eurodiputado en el ejercicio de sus funciones. Además, también podría denegarse si se da un caso de fumus persecutionis, es decir, cuando la intención de la petición es "perjudicar la actividad política de un diputado y, en consecuencia, la independencia de la institución".

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