Gonzalo Boye, abogado de Josep Lluís Alay --jefe de oficina del fugado Carles Puidemont--, ha presentado un escrito en el juzgado en el que denuncia la "ilegalidad de las escuchas grabadas" en la denominada operación Voloh y la confiscación de dos teléfonos móviles a su cliente durante el registro policial.
Boye ha registrado un escrito ante el titular del juzgado número 1 de Barcelona, Joaquin Aguirre, en el que reclama la apertura de una pieza separada por estas escuchas "ilegales" para que se investigue si se ha cometido un delito.
Investigado por malversación
Alay se encuentra en libertad tras haber sido detenido e investigado por malversación en una presunta trama de desvío de fondos públicos al procés independentista.
En su escrito, al que ha tenido acceso Efe, su abogado esgrime que las escuchas telefónicas deben de estar sometidas en todo momento a un "control jurisdiccional estricto" que impida el acceso a todas aquellas conversaciones que no estén relacionadas con el objeto de la investigación.
Ve "interesadas y perversas" las filtraciones
"En el presente caso, es evidente, por todo lo que se está divulgando, que este juzgado ha incumplido con este deber de control, sin perjuicio de otras responsabilidades que también le corresponden", argumenta Boye en su recurso.
El letrado del jefe de la oficina de Puigdemont, que a su vez también ejerce como defensor del prófugo, carga también contra las filtraciones "interesadas y perversas" de estas escuchas que tilda de "ilegales", por lo que pide al juez que pare esta filtraciones.
Dos móviles confiscados
Asimismo, Boye critica la confiscación de dos teléfonos móviles de su cliente, una medida que califica como "absolutamente contraria a derecho, desproporcionada, carente de cualquier fundamentación jurídica y que, además, no persigue ninguna de las finalidades que la ley establece para adoptar una medida tan invasiva a la vez que restrictiva de derechos fundamentales".
En este sentido, el abogado de Alay agrega que el auto de registro del juez contra su defendido no aporta "ningún razonamiento jurídico" para la incautación de los móviles.