El AMB congela el 'tarifazo' de la tasa de residuos y pospone las rebajas hasta 2021

Una de cal y otra de arena. El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprobado la congelación de la tasa de residuos aunque se ha negado a suspender el tributo mientras dure la crisis sanitaria. El organismo público mantendrá las mismas ordenanzas fiscales que en 2020, sin incorporar ninguna subida a los tributos metropolitanos en el próximo ejercicio.

Sin embargo, la propuesta de PP y Cs para revocar la subida del 5,7% aprobada en octubre del año pasado ha caído en saco roto. El tarifazo sobre la tasa de residuos, incorporada al recibo del agua, no se tocará pese al cese de la actividad de muchos pequeños comercios. Los 36 municipios del área metropolitana deberán seguir abonando un gravamen que supondrá un coste de entre 27 y 51 euros por unidad de consumo.

PP: "Falta de sensibilidad social"

Para compensar esta situación, la institución controlada por Ada Colau ha propuesto un nuevo sistema de cálculo que favorecerá a sectores golpeados por el coronavirus como los bares y restaurantes. Pero los partidos de la oposición advierten de que esta fórmula no se materializará hasta el último trimestre de 2021.

"Es una falta total de sensibilidad social", ha asegurado Miguel Jurado, representante popular en el consejo de gobierno de la institución metropolitana. "Pedimos un periodo de carencia para no aplicar una tasa que llega en un momento en que los comercios están cerrados y no generan basura", ha explicado.

La nueva fórmula propuesta por el AMB tendrá como criterio la superficie que ocupe cada establecimiento y dejará de vincular el índice al consumo de agua, de forma que los locales pequeños paguen menos que los grandes. La institución considera que este cambio beneficiará al 70% de establecimientos del territorio que ocupen menos de 100 metros cuadrados.

Congelación del tributo metropolitano

El AMB también ha aprobado la congelación del tributo metropolitano, así como la bonificación del 50% para las familias numerosas. Este tributo se estableció para financiar servicios de alcance metropolitano como la movilidad, el ciclo del agua o el impulso de políticas de ocupación y alquiler asequible.

Una de las críticas vertidas sobre este gravamen, aplicado sobre el valor catastral de los bienes inmuebles, era su disparidad de ejecución entre los diferentes municipios. Para corregir este error se ha fijado un nuevo valor mínimo para las fincas residenciales utilizadas como primera residencia, por debajo de la cual el titular quedará exento del pago. Este valor es de 46.210,11 euros, o bien 72.033,78 euros en las localidades en que se haya aprobado una revaloración del catastro entre 2012 y 2019.