Investigan a una diputada de ERC por el bloqueo de La Jonquera

Investigación en marcha contra una diputada de ERC por las algaradas de Tsunami Democràtic. La electa en el Congreso de Diputados Marta Rosique se ha colocado en el punto de mira de la Guardia Civil por, creen los agentes, participar en el bloqueo de la frontera entre España y Francia en noviembre de 2019, corte de tráfico que buscaba "colapsar" el punto fronterizo.

Ha informado de ello la propia Rosique en su cuenta oficial en Twitter. La diputada ha indicado que "se entera por la prensa" de que la Guardia Civil la "investiga por el corte de La Jonquera de Tsunami Democràtic": "Soy la investigada número 70 en los informes que persiguen las protestas postsentencia [del procés]. La policía no tiene derecho a cuestionar el derecho a manifestación. ¡Nadie nos parará!". 

"Afectación relevante a la economía"

Si bien la electa en la Cámara Baja ha citado el derecho a la manifestación, lo cierto es que el bloqueo de La Jonquera en noviembre de 2019 buscaba algo más que congregar a personas en un punto para defender una idea, ya que se impedía otro derecho: el de libre circulación. El propio Tsunami Democràtic se jactó de que el bloqueo tuvo una "afectación relevante" sobre la economía, interrumpiendo el transporte por carretera de fruta y verdura entre España y Francia.

Lo que es más, Tsunami defendió que había conseguido el "bloqueo total" del paso fronterizo. También citó la relevancia internacional que tuvo su violenta protesta, que tuvo lugar cerca del antiguo paso aduanero entre ambos países, hoy desmantelado por los acuerdos de libertad de movimientos.

Los transportistas cifraron las pérdidas en 100 millones

Esta afectación tiene cifras. El corte de la AP-7 a la altura de la frontera generó una factura de 100 millones de euros a los transportistas, según informó en su momento el Comité Nacional del Transporte por Carretera. La organización empresarial se querelló penalmente contra los organizadores ante el "daño al sector y a la economía".

Los camioneros constatan que la interrupción del tráfico, que se prolongó durante 32 horas, provocó que profesionales del sector fueran "retenidos contra su voluntad durante jornadas completas".