El Gobierno de Rajoy facultó a Villarejo para contratar con empresas privadas

Un informe de la Dirección General de la Policía (DGP) del 20 de abril de 2015 aseguraba que las actividades privadas del excomisario José Manuel Villarejo Pérez mientras trabajaba en la policía eran “actividades excluidas del régimen de incompatibilidades relacionadas en el articulo 19 de la Ley 53/1984 de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas”. El informe fue encargado por el Ministerio del Interior y remitido por la DGP al entonces ministro Jorge Fernández Díaz para que este lo pudiera utilizar en una de sus respuestas parlamentarias.

Según el informe, al que ha tenido acceso Crónica Global, la mencionada ley avala que las empresas en las que Villarejo participaba contrataran con compañías privadas sin incumplir el régimen de incompatibilidades y, en consecuencia, sin cometer ningún delito de cohecho a un funcionario público.

Villarejo en una entrevista de Salvados / LA SEXTA

Urgencia de Fernández Díaz

Precisamente, el cohecho es el ilícito que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón atribuye presuntamente a empresas como BBVA, Iberdrola, Repsol, Caixabank y Planeta por contratar los servicios de Grupo Cenyt, mercantil controlada por Villarejo. Desde hace meses, los fiscales anticorrupción Ignacio Stampa y Miguel Serrano investigan a estas grandes compañías por un presunto delito que, según este informe de la Dirección General de la Policía, no existiría.

Según el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, autor del informe, recibió el encargo de pronunciarse sobre la materia por parte del Ministerio del Interior a finales de marzo de 2015 y solo tuvo dos semanas y media para elaborar el dictamen. La urgencia de Jorge Fernández Díaz estaba motivada por otro informe elaborado por el también comisario Marcelino Martín Blas sobre el patrimonio acumulado por Villarejo.

Las conclusiones del informe

Martín Blas y Villarejo mantuvieron un abierto enfrentamiento en el seno de la Dirección General de la Policía en lo que se denominó la “guerra de comisarios”. Tras recibir el informe de Fuentes Gago en el que se analizaba la compatibilidad de los negocios de Villarejo, el Ministerio del Interior le dio el visto bueno.

El informe de la Dirección General de la Policía tiene como asunto la Valoración de incompatibilidad de funcionario público en activo (Comisario CNP) por titularidad de empresas mercantiles y analiza la actividad de las sociedades mercantiles que Villarejo creó “durante los casi diez años que el funcionario estuvo en excedencia reglada y solicitada formalmente (del 13 de agosto de 1983 al 29 de junio de 1993)” y que tras su regreso al cuerpo de policía “se dedica a administrar cuando reingresa al servicio activo”.

Compatibilidad de funcionario

El informe policial también se pronuncia sobre la ausencia de una solicitud explícita de compatibilidad por parte de Villarejo cuando regresó al cuerpo, algo que han reclamado los fiscales. A este respecto, el texto reconoce: “Si bien es cierto que no consta solicitud de compatibilidad, desde nuestro punto de vista hay que resaltar que no resulta necesaria si se trata de una actividad compatible con el artículo 12.1 de la Ley 53/1984”.

En sus conclusiones, el informe aprobado por el Ministerio del Interior afirma que la actividad privada de Villarejo “cumple con los parámetros de compatibilidad admitidos en el artículo 12 de la citada Ley 53/1984 y que se centran en el reconocimiento del derecho a compatibilizar determinadas actividades privadas con su función como funcionario” ya que “su actividad no supone un menoscabo del estricto cumplimiento de sus deberes” y “guarda respeto absoluto al horario asignado al puesto de trabajo que desempeña”.

Cumplimiento del deber

De hecho, el informe, cuyo objetivo era valorar si se le tenía que aplicar una sanción a Villarejo, afirma literalmente que no deja “lugar a ninguna sombra de duda sobre la concurrencia de la infracción”. En todo caso, le reconoce a Villarejo que “sus actividades en modo alguno han menoscabado el estricto cumplimiento de sus deberes (…) más allá del uso que él mismo haya podido dar a parte de dicho patrimonio en beneficio del Cuerpo Nacional de Policía”.

Con este informe del Ministerio del Interior en la mano, los directivos y empresas a los que la fiscalía atribuye un presunto delito de cohecho difícilmente podrán ser acusadas de haber incumplido la ley, ya que es la propia Administración la que reconoce la compatibilidad de Villarejo.