Los protocolos ‘fake’ con los que se escudan ERC y CUP para tapar casos de acoso sexual

La falta de una ley que exija responsabilidades a las formaciones, como sucede en el ámbito laboral, así como un corporativismo mal entendido y una cultura todavía sexista, provoca que casos como el de Quim Arrufat, Eudald Calvo o Alfred Bosch se cierren en falso.

Protocolos ineficaces

ERC, CUP y PSC cuentan con protocolos específicos, JxCat y En Comú Podem están en fase de elaboración. Ciudadanos y PP aseguran que sus códigos éticos ya contemplan medidas al respecto. Los socialistas son los únicos que imparten formación preventiva a todos sus cargos y militantes.

Sin embargo, los últimos casos de acoso registrados en ERC y la CUP han demostrado que sus protocolos, o la forma en que se aplican, dejan mucho que desear. Disponer de ellos ya es un avance, como también lo sería que el Govern desplegara la ley de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, aprobada en 2015, que contempla un régimen sancionador. 

Falta de cultura

Asesores parlamentarios consultados por Crónica Global aseguran que los cupaires se han dotado de un mal instrumento, mientras que el de los republicanos es “flojo”. No toda la culpa es de los partidos ya que el principal problema de fondo es que no existe una ley que exija responsabilidades a las formaciones. A diferencia de la legislación laboral, que sí hace responsable a las empresas, “los partidos solo pagan un precio político".

Esto, "unido a la falta de cultura o de conciencia de que el acoso es un delito, provoca que los casos no trasciendan, se tapen o se demoren por un mal entendido corporativismo”, explica a este medio una experta en negociación colectiva, igualdad y no discriminación.

La abogada María José Varela, especializada en delitos sexuales

Corporativismo

La abogada María José Varela, especializada en delitos sexuales, considera que “la existencia de protocolos es positiva, pero el problema son los mecanismos de vigilancia. El acoso se da en una relación laboral y, si no existe ésta, entonces es abuso. En ambos casos son delitos. Pero predomina el corporativismo y a menudo se prefiere correr un tupido velo”.

Para Varela “es habitual que, en la política, nadie quiera significarse, nadie se mueve para no perjudicar a los cargos superiores, lo que provoca que las situaciones no queden resueltas”. La letrada afirma que “todavía hay un prejuicio cultural que coloca a la mujer que denuncia acoso bajo sospecha”. Varela recuerda el caso de un cargo local de ERC condenado por abusar de menores. “El caso no tuvo ninguna trascendencia política”, afirma.

Protocolo de la CUP

Desde junio de 2019, la CUP dispone de un Protocolo para la prevención y abordaje de violencias machistas. Dos meses antes, Quim Arrufat había abandonado la formación independentista. La marcha del exdiputado sorprendió en medios políticos, pues tenía intención de presentarse a las elecciones municipales en Vilanova i la Geltrú (Barcelona). Los verdaderos motivos de su decisión se han sabido ahora, 16 meses después: había sido denunciado en dos ocasiones, una por abuso sexual y otra por agresión sexual. Los hechos no fueron denunciados ante la Justicia y el acusado se sometió a trabajo terapeútico. Según un comunicado de la CUP, "Quim Arrufat se encontraba en medio de un proceso de gestión de agresiones machistas y, mientras se estaba gestionando a través del protocolo propio con el que cuenta la CUP, abandonó la militancia".

¿Por qué la formación no procedió a su expulsión? “Arrufat era un nivel 3 de agresión sexual, según las normas internas (violación o para forzar prácticas sexuales no deseadas). La mayoría de los partidos, y la CUP no es una excepción, esperan a que el caso se judicialice. Pero es muy difícil para la víctima emprender esa vía, cara y traumática. Las formaciones deberían condenar esos hechos con mayor contundencia”, explica la citada experta.

Eudald Calvo, exalcalde de Argentona de la CUP inhabilitado durante seis meses por su participación en el 1-O / EFE

Más expeditiva fue la CUP con el exalcalde de Argentona, Eudald Calvo. Fue expulsado del partido en diciembre de 2019 después de que una mujer le acusara de abusos sexuales. Eso si, los cupaires también taparon el tema hasta que el propio acusado explicó lo ocurrido. A juicio de la citada experta, el protocolo que usan los antisistema “parece un decálogo. Confunde feminismo y acoso sexual”.

El 'caso Bosch'

En Esquerra también se han registrado casos de acoso sexual, como el atribuido al exjefe de gabinete de la Consejería de Acción Exterior, Carles Garcias, que se saldó con el cese de Alfred Bosch como conseller. Los republicanos expulsaron del partido a Garcias, pero libraron de culpa a Bosch y no se le impusieron ninguna sanción.

Según explicó ERC en un comunicado, la comisión de garantías del partido resolvió que Bosch asumiera “motu propio las máximas responsabilidades políticas que se le podrían exigir, al dimitir de forma inmediata tanto de los cargos públicos como orgánicos cuando trascendió el caso”. Añadían que el exconsejero “actuó guiado por el principio de prudencia” y “recogió indicios para poder actuar si así era necesario, como así fue el 24 de enero cesando al señor Garcias, mucho antes de que el caso se hiciera público”.

¿Discreción o un tupido velo?

Esa “discreción” fue interpretada de otra manera por la inspección de servicios de personal de Función Pública, ante la sospecha de que Bosch no activó el protocolo para la prevención, la detección, la actuación y la resolución de situaciones de acoso sexual. Asimismo, se reprochó al exconsejero que no comunicó el caso a la dirección general de Función Pública.

A nivel de partido, el protocolo para la prevención, actuación y resolución de situaciones de acoso sexual y por razón de sexo de ERC también tiene algunas sombras, a juicio de la experta en negociación y no discriminación. “Parece un corte y pega”, afirma. Mucho menos extenso que el protocolo de la CUP, que ocupa 88 páginas, el documento de los republicanos tiene 14 y lleva fecha de mayo de 2019".

Formación a los socialistas

Javier Sandoval, alcalde de Sant Vicenç de Montalt / LENA PRIETO

El PSC también tiene su propio código y un caso reciente, el del alcalde de Sant Vicent de Montalt, Javier Sandoval, quien dimitió tras ser acusado de acoso laboral de perfil sexual hacia una trabajadora municipal. Fue suspendido cautelarmente de militancia. Y aunque el partido resolvió rápido el caso, fuentes socialistas admiten que "siempre se puede ser más eficaz". "En ocasiones hay comportamientos que no se ven como un acoso. Falta cultura", sentencian los mismos interlocutores. El PSC imparte formación sobre esta materia a sus militantes y cargos como medida preventiva.