Quim Torra continuará percibiendo un salario superior al del presidente del Gobierno español tras haber sido inhabilitado durante un año y medio por desobediencia. El máximo dirigente de la Generalitat mantendrá su privilegiada condición de cienmileurista gracias a la legislación catalana, que permite a los expresidents continuar recibiendo un 80% de su sueldo una vez cesan de sus funciones durante la mitad del tiempo que han permanecido en el cargo, con un mínimo de una legislatura --es decir, cuatro años--, y un 60% como pensión vitalicia cuando se jubilan a los 65 años.

Teniendo en cuenta que Torra es, de largo, el presidente autonómico y cargo político mejor pagado de toda España, con un salario anual de 153.235,50 euros en 2019 --el doble que el presidente Pedro Sánchez--, el hasta ayer máximo dirigente de la Generalitat pasará a percibir a partir de ahora el 80% de esa cantidad: 122.400 euros. En este sentido, cabe recordar que el Govern independentista descartó reducir los sueldos y pensiones de sus dirigentes ante la grave crisis económica y social causada por la pandemia de coronavirus.

Oficina propia y personal a su servicio

Según la Ley 6/2003, de 22 de abril, Torra tiene derecho a cobrar esos 122.400 euros "por un período equivalente a la mitad del tiempo que ha estado en el cargo y, como mínimo, por una legislatura". En su caso, ha permanecido 28 meses como president, por lo que le correspondería disfrutar de esta pensión 14 meses, pero que se extiende a cuatro años porque el mínimo es una legislatura.

Un privilegio al cual se añade otro más: el derecho a disponer de una oficina propia como expresidente de la Generalitat con tres personas a su servicio, con una dotación presupuestaria para gastos, vehículo con chófer y servicios de seguridad a cargo del erario público.

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92.000 euros anuales como jubilado

Por lo que respecta a la pensión vitalicia tras jubilarse, la ley estipula que, a partir de los 65 años, los expresidents tienen derecho a cobrar un 60% de la retribución mensual que corresponda al presidente de la Generalitat en ese momento. Si se tomara como referencia el sueldo actual, Torra --que en breve cumplirá 58 años-- percibiría unos 91.800 euros anuales. Esta pensión de jubilación, eso sí, es incompatible con la asignación anterior.

Ambas asignaciones son incompatibles con el ejercicio de cargos públicos, el trabajo en el ámbito público o privado o la participación en consejos de administración de empresas.

'Sueldazo' garantizado

El hecho de haber sido condenado e inhabilitado por desobediencia en sentencia firme no se presume como un obstáculo para que Torra pueda disfrutar de tan generosas asignaciones.

A tenor de lo estipulado en la ley catalana, el mandatario posconvergente puede renunciar por escrito a dichos privilegios, o bien ser obligado a ello por acuerdo del Pleno del Parlament por una mayoría de dos terceras partes de sus miembros si consideran que ya no concurren "las condiciones de honorabilidad necesarias" o si existe "condena penal firme", como es el caso. Resulta obvio que los dos socios del Govern independentista de la Generalitat --JxCat y ERC-- impedirán que se conforme esa mayoría de dos tercios, que por otra parte es muy superior a la exigua con la que estos mismos partidos y la CUP aprobaron la Declaración Unilateral de Independencia en octubre de 2017.

El precedente de Artur Mas

El caso de Torra no será el único de un expresidente de la Generalitat que conserva sus prebendas a pesar de sus problemas legales por incumplir la ley. El también posconvergente Artur Mas, inhabilitado en su día por la consulta independentista del 9-N de 2014, se embolsó 111.000 euros anuales hasta principios de este mismo 2020. Cuando el próximo mes de enero cumpla los 65 años, podrá acogerse a la pensión vitalicia de jubilado. El único expresident que ha renunciado hasta ahora a esta última paga vitalicia ha sido Jordi Pujol, tras confesar en 2014 que ocultaba dinero en Andorra.

La oficina de Mas como expresidente de la Generalitat le costó el año pasado a los catalanes un total de 30.221 euros, mientras que su sucesor en el cargo, el fugado Carles Puigdemont, gastó 41.134 euros en 2019, costes de personal, seguridad y mantenimiento aparte.