Hace cinco años que comenzaron las investigaciones judiciales sobre el llamado caso 3%. Y muchos más desde que el expresidente Pasqual Maragall aseguró en sede parlamentaria que el principal problema de CDC era ese porcentaje, incrustado ya en el ideario popular, y que alude a la financiación irregular de los convergentes mediante el cobro de comisiones anómalas por adjudicación de obra pública.
El presidente de Cataluña, Quim Torra, asegura ahora que la Generalitat se personará como acusación particular en ese proceso. Una afirmación puesta en duda por los antecedentes de quienes tienen que pilotar esas acciones.
Instrucciones de Quim Torra a sus servicios jurídicos por el 'caso 3%'
“Quiero destacar la decisión tomada de actuar como acusación particular en el caso conocido del 3% que afectó a la antigua Convergència”, aseguró Torra el pasado miércoles en el debate de política general celebrado en el Parlament. Si bien es cierto que, el pasado 11 de agosto, el president dio instrucciones al director del Gabinete Jurídico de la Generalitat, Francesc Esteve, para que estudiara esa posibilidad “a efectos de determinar si se ha producido un perjuicio para la Generalitat”, ese anuncio se produjo en plena guerra civil convergente entre PDECat y Junts per Catalunya.
Francesc Esteve, jefe de los servicios jurídicos de la Generalitat / EFE
Uno de los motivos de la catarsis de CDC, esto es, su cambio de siglas --el relevo de Artur Mas tardó algo más--, fue precisamente el de los casos de corrupción a los que ha tenido que hacer frente en los últimos años, siendo el expolio del Palau de la Música, ya con condenas firmes, uno de los más destacados.
Pero hay causas abiertas, como la que instruye el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, quien, a finales de julio, aseguró en un auto que hubo en efecto un perjuicio para las arcas públicas debido al desvío de dinero destinado a financiar ilegalmente a CDC. Pese a ello, la consejera de Presidencia, Meritxell Budó, deslizó con posterioridad que esa acusación particular tendría lugar si se confirmaban esas pérdidas. Las instrucciones de Torra a Esteve también dejan la puerta abierta.
Los precedentes
“Hay que esperar a ver cómo se concreta esa acusación y, cuando se celebre el juicio, qué posición toma la Generalitat. Pero hasta la fecha, lo único que consta fehacientemente es el intento que hicieron de parar y tapar las investigaciones”, explican a Crónica Global fuentes jurídicas.
Se refieren a Montserrat Mundi, ex directora general de Administración Local. En 2017, fue investigada por el juez de El Vendrell, instructor de otro caso 3%, por presionar supuestamente a cuatro peritos judiciales. Al parecer, según consta en las diligencias, Mundi requirió información sobre sus informes relativos a contratos de los ayuntamientos de Figueres, Sant Cugat del Vallès, Sant Celoni y Lloret de Mar. Cuando los técnicos se negaron porque la causa estaba bajo secreto de sumario, siempre según la versión de los presuntamente coaccionados, Mundi aseguró que “lo mínimo que se le podía exigir era lealtad y que informaría de su negativa a facilitar el contenido del informe a la consellera Meritxell Borràs".
Cambios en el Govern
Por aquel entonces, Borràs era titular del Departamento de Gobernación y su número dos era Francesc Esteve, que ostentaba el cargo de secretario general. En junio de 2017, Esteve fue nombrado director del gabinete jurídico, mientas que la Dirección General de Administración Local pasó a depender del Departamento de Presidencia. Este gabinete jurídico pasó a controlar la gestión de la supervisión de los contratos administrativos, asumiendo incluso la elaboración de las ponencias previas del Tribunal de Contratos.
De esta forma, Esteve fiscaliza todos los contratos administrativos de la Generalitat, pero, muy especialmente, todos los de los ayuntamientos y las diputaciones. Tal como explicó este medio, a falta de liquidez de la Generalitat para emprender grandes obras públicas o adjudicar servicios, las mayores operaciones se han trasladado a las administraciones locales. De ahí la importancia de ese control.
El 'caso Palau'
“¿Se puede recusar al gabinete jurídico de la Generalitat con esos precedentes? Es necesario recordar el papelón que hizo para la Generalitat en uno de los juicios del Palau”, ironiza un jurista.
En efecto, en mayo de 2017, la Generalitat impuso su mayoría en el seno del Consorcio del Palau y evitó que este órgano, en el que están representados el Ayuntamiento de Barcelona y el Gobierno, ejerciera la acusación contra CDC. Días después, se desdijo y se abstuvo en una nueva votación, lo que permitió que el consorcio se personara en la causa.
Margarida Gil Domènech, miembro del Consejo de Garantías Estatutarias
Pero los cambios de criterio del Govern se remontan al 11 enero de 2011, cuando Artur Mas llevaba pocos días al frente de la presidencia del Govern. Ese día, Jaume Galofré fue cesado como director del Gabinete Jurídico de la Generalitat. Galofré había elaborado un informe favorable a que la Generalitat se posicionará junto a la fiscalía y presentara acusación contra varios dirigentes de CDC, entre ellos el extesorero Daniel Osàcar y el exsecretario de Inmigración Àngel Colom, por su supuesta implicación en el expolio del Palau.
Cambio de criterio
El jurista fue sustituido por Margarida Gil Domènech, que había sido secretaria del Departamento de Trabajo durante el Gobierno de Jordi Pujol. Solo cuatro días después de que se produjera el relevo, el criterio cambió y este gabinete jurídico decidió no acusar a estos inculpados.
En junio de 2017, Gil Domènech, exposa del exconsejero de Interior Jordi Jané, fue colocada en el Consejo de Garantías Estatutarias. Fue entonces cuando Francesc Esteve asumió la jefatura de los servicios jurídicos de la Generalitat.