Artur Mas se blindó en 2011 contra el 3%

Las declaraciones de los cerebros del caso Palau sobre la financiación irregular de CDC abocan a Artur Mas al bombardeo de preguntas que los grupos de la oposición le formularán en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlamento catalán. Pero entre todas ellas, figura una de gran calado, según apuntan a Crónica Global fuentes políticas: "¿Por qué Mas se cargó la cúpula jurídica del Govern que había efectuado un informe acusatorio del caso Palau?".

Todo se remonta al 11 enero de 2011, cuando el líder convergente llevaba pocos días al frente de la presidencia de la Generalitat. Ese día, Jaume Galofré fue cesado como director del Gabinete Jurídico de la Generalitat. Galofré había elaborado un informe favorable a que la Generalitat se posicionará junto a la Fiscalía y presentara acusación contra varios dirigentes de CDC, entre ellos el extesorero Daniel Osàcar y el exsecretario de Inmigración Àngel Colom, por su supuesta implicación en el expolio del Palau. El jurista fue sustituido por Margarida Gil Domènech, que había sido secretaria del departamento de Trabajo durante el Gobierno de Jordi Pujol.

Solo cuatro días después de que se produjera el relevo, el criterio cambió y este gabinete jurídico decidió no acusar a estos inculpados, rechazando así que el juez que investigaba el expolio del Palau de la Música abriera una investigación colateral sobre la financiación irregular de CDC. "No ha habido ninguna orden a los servicios jurídicos para que hubiera ningún cambio de criterio. La decisión es estrictamente jurídica", aseguró entonces Mas.

Los votos de CiU y PP impidieron en su día que Margarida Gil, esposa del actual consejero catalán de Interior, Jordi Jané, diera explicaciones sobre ese cambio "estrictamente jurídico" en el Parlamento catalán, pero su trayectoria es, cuando menos, controvertida.

El sumario de las ITV

La jurista tuvo que declarar como testigo en el caso de las ITV, en el que aparece como principal acusado el exsecretario general de CDC Oriol Pujol. Gil confesó que se había reunido con uno de los empresarios inculpados. En el sumario aparece una foto de Margarida Gil con un magistrado inculpado y la exjefa del Servicio Jurídico Contencioso-Administrativo de la Generalitat Assumpta Palau.

Seis años después, Gil continúa al frente del Gabinete Jurídico y cobra como un consejero, 109.314 euros.

Quien no pudo eludir dar explicaciones en la Cámara catalana fue el entonces consejero de Justicia, Germà Gordó, cuyo nombre aparece ahora en el sumario sobre el cobro de comisiones del 3%. CiU y Solidaritat vetaron su comparecencia en la Comisión de Asuntos Institucionales en 2011, pero sí lo hizo en la de Justicia, donde ambas formaciones soberanistas no formaban mayoría.