El grupo del PP en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha requerido a Ada Colau la congelación de la nueva tasa de residuos hasta 2022 "ante la actual situación de crisis" causada por el coronavirus. Los populares señalan que este nuevo y polémico impuesto --incluido hace unas semanas en la factura del agua de los ciudadanos-- es de dudosa legalidad, por lo que reclamarán "un informe jurídico" que aclare si la ley ampara el cobro de la Tasa Metropolitana de Tratamiento de Residuos (TMTR) desde el AMB y, a la vez, la de recogida de los mismos a través de cada ayuntamiento de la zona.
Miguel Jurado, portavoz del PP en el ente supramunicipal, ha acusado a Colau, presidenta del mismo, de cargar a los vecinos con más impuestos para hacer presión contra la gestión actual del agua que lidera Agbar, --poseedora del 70% de la Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua--. "Pretende cobrarse con más impuestos la frustración de no haber conseguido la remunicipalización del agua", señala el popular. De hecho, la alcaldesa de Barcelona ya aseguró en una entrevista en TV3 que su partido seguirá insistiendo en la municipalización de este servicio.
Desligar la tasa de la factura del agua
El partido azul ha asegurado que reclamará en el pleno del Gobierno metropolitano que el doble impuestazo de basuras de Colau quede fuera de la factura del agua. "No tiene ningun sentido", defiende Jurado, "muchos ciudadanos no entienden porque pagan más impuestos que consumo, queremos un recibo del agua transparente y sin trampas fiscales".
El Síndic de Greuges también se ha manifestado contra el cobro de esta o de cualquier tasa que no tuviera que ver con la gestión del agua en el recibo de la misma. Aún así, Colau ha decidido incluirlo porque, según su equipo, el consumo de este bien es la manera más equitativa de saber cuántos residuos produce un hogar. Ello ha derivado en múltiples quejas de los vecinos, por lo que el defensor del ciudadano ha iniciado una investigación al respecto.
Oposición al impuesto de basuras
La tasa de residuos municipal cuenta con la oposición tanto de gran parte de la ciudadanía como de organizaciones sociales. Una encuesta del Instituto Factual de Investigaciones Sociológicas Avanzadas (Ifisa) señala que casi siete de cada diez habitantes de Barcelona rechaza la nueva tasa, al igual que lo hace la asociación ecologista WWF ya que asegura que cobrar por reciclar "castiga" a los usuarios.
Todo ello no ha hecho que la alcaldesa de Barcelona se replantee la adecuación de este gravamen ni un ápice. Ha defendido que la tasa es la fórmula elegida para cumplir una "obligación europea" respecto a la generación de basuras y, como tal, se mantendrá.