Hay acuerdo. Junts per Catalunya apoyará finalmente la nueva ley catalana que limita el precio de los alquileres, según ha anunciado el Sindicat de Llogaters. Los neoconvergentes habían amagado con rechazar el proyecto pero finalmente votará en el mismo sentido que su socio de Gobierno, el impulsor de la iniciativa desde la consejería de Justicia.
El Sindicat de Llogaters ha sido el que ha dado el anuncio del pacto con los cuatro grupos que habían propuesto el proyecto --JxCat, ERC, CUP y Catalunya en Comú-Podem--. El Parlament dará esta tarde luz verde a la nueva normativa. Ciudadanos, PP y PSC se oponen.
Quim Torra, presidente de la Generalitat, durante la sesión del Parlament / CG
El presidente del grupo parlamentario de JxCat, Albert Batet, ha confirmado el acuerdo, fruto de las negociaciones de última hora. "Lo hacemos por responsabilidad, queríamos un acuerdo para defender al pequeño propietario y a los inquilinos", ha explicado, "creemos que es un acuerdo positivo, que regula los alquileres pero con garantías". Las patronales del sector habían alertado de que esta cuestión estaba en entredicho con el redactado original y ahora esperan conocer la letra pequeña de la normativa que finalmente reciba el visto bueno de la Cámara catalana.
El principal escollo
Una de las principales controversias era la definición de propietario en situación de vulnerabilidad y, por tanto, exento de la reducción del alquiler. El Sindicato proponía que no afectara a los pequeños tenedores de inmuebles con ingresos inferiores a 1,5 veces el Indicador de Renta de Suficiencia (IRSC). Es decir, unos 1.200 euros al mes. Pero JxCat defendia como baremo los ingresos inferiores a 5,5 veces ese IRSC, unos 3.000 euros mensuales. El pacto final es que sea 2,5 veces, unos 1.422 euros mensuales.
Los que tengan garantizados estos ingresos mensuales o estén por debajo podrán zafarse de la regulación autonómica. Si se supera la barrera de entrada de capital se debería fijar un arrendamiento según las indicaciones de la ley.
Competencias de la Generalitat
Con todo, la supervivencia de la regulación está en el aire. El Consejo de Garantías Estatutarias ya advirtió en un dictamen solicitado por PP y Ciudadanos de que la proposición de ley invadía competencias del Estado, lo que allana el terreno a un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional. La patronal del sector ya ha advertido de que dará el paso para dejar sin efecto la normativa.
La resistencia de JxCat había abierto un nuevo frente con sus socios de gobierno, ERC, tal como se ha visualizado en la sesión de control celebrada esta mañana. El choque entre ambos partidos independentistas ha sido una constante. Sin embargo, el presidente Quim Torra ya había dejado la puerta abierta a un pacto en este sentido que finalmente ha cristalizado.