Ya es definitivo. El pleno del Parlament ha aprobado este miércoles la ley presentada por JxCat, ERC, los comuns y la CUP que limita el precio de los alquileres en 60 municipios catalanes. La iniciativa ha llegado a buen puerto tras un tortuoso proceso legislativo que se ha resuelto in extremis gracias a un acuerdo entre el Sindicat de Llogaters, que impulsó la propuesta, y JxCat, que hasta el último momento estuvo reticente sobre sumarse al voto favorable del resto de formaciones.

Después de su tramitación por lectura única, la ley ha salido adelante con los 71 votos a favor de JxCat, ERC, los comuns y la CUP, y 63 en contra de Cs, el PSC-Units, el PP, los dos diputados de Demòcrates (adscritos al grupo republicano) y los cuatro diputados del PDECat integrados en JxCat. La ruptura del grupo nacionalista, motivada por el realineamiento interno entre los herederos de Convergència, no ha bastado para tumbar una medida que cuenta con el rechazo del empresariado catalán.

JxCat se hace de rogar

La norma ha prosperado después de que a última hora el Sindicat de Llogaters, ERC, los comunes y la CUP convencieran a JxCat para facilitar su aprobación. El principal punto de conflicto para los posconvergentes era la definición de propietario en situación de vulnerabilidad, es decir, del beneficiario de la reducción sobre el precio.

Mientras el Sindicato proponía que no afectara a los pequeños tenedores de inmuebles con ingresos inferiores a 1,5 veces el Indicador de Renta de Suficiencia (IRSC) --que en 2020 se sitúa en 569,12 euros mensuales--, el JxCat elevaba este baremo hasta 5,5. Al final, ambos actores han pactado un índice de 2,5 veces la renta de suficiencia (esto es, 1.422,80 euros)

¿Qué propone la ley?

La ley limita el precio de los alquileres de aquellas viviendas que estén dentro de una área declarada como "mercado de vivienda tenso", en el que se incluyen los municipios que cumplan alguno de los tres requisitos previstos: que experimenten un crecimiento sostenido claramente superior al de la media de Cataluña; que la carga media del coste del alquiler en el presupuesto personal o familiar supere el 30% de los ingresos habituales, y que el precio haya subido cinco años al menos tres puntos por encima del IPC.

En estas zonas con mercado tenso, los contratos de alquiler no podrán superar el precio del último contrato ni la media del precio de los alquileres de la misma zona, mientras que las viviendas de obra nueva quedan excluidas de la normativa para incentivar la construcción de vivienda social.

Recursos ante el Constitucional

La ley nace con la incógnita sobre si acabará suspendida en el Tribunal Constitucional (TC). El Partido Popular ha expresado su voluntad de presentar un recurso de amparo ante el TC para valorar el ajuste legal de la normativa. También está en el aire un posible recurso del Gobierno, que provocaría la suspensión inmediata a la espera de que el Constitucional emita una sentencia.

Este anuncio llega después de que el Consejo de Garantías Estatutarias realizara un duro dictamen contra la iniciativa al entender que invadía competencias reservadas a la administración central e incluso contravenía el Estatuto. En su escrito, el órgano consultivo identificó hasta 11 artículos para los cuales la autonomía no tenía capacidad legislativa ya que son "competencia del Estado sobre las bases de las obligaciones contractuales".

Rechazo de los empresarios

Además, las patronales catalanas se han mostrado en contra de la medida desde el primer momento. Asval, la principal asociación empresarial del área de viviendas en alquiler, considera que la ley restringirá aún más las posibilidades de acceder a una vivienda por parte de las personas con rentas más bajas. “Como han señalado diferentes organismos internacionales y el Banco de España, el control de precios a medio y largo plazo produce una reducción de la oferta dificultando el acceso a una vivienda en alquiler”, apunta la patronal.

Tanto Pimec como Foment han clamado contra el proyecto avalado por el Govern. La patronal de las pequeñas y medianas empresas ha alertado que la medida "alejará inversiones" y provocará que no se renueven o no se formulen nuevos contratos en el corto plazo. Por su parte, Foment considera un "error mayúsculo" que paralizará el sector inmobiliario. "En la práctica, supondrá una reducción del valor de todos los activos residenciales libres y no incentivará la rehabilitación del parque edificado existente", resume la patronal.