Un 'chiringuito' del Govern premia documentales a la medida del 'procés'

La Oficina de Derechos Civiles y Políticos, uno de los “chiringuitos” creados por el Govern para denunciar la “represión” del Estado español, ha creado los Premios Laya, cuya finalidad es fomentar la producción audiovisual. Están dotados con 75.000 euros.

“La producción audiovisual en Cataluña puede devenir un elemento significativo para fomentar el conocimiento y defensa de los Derechos Civiles y Políticos. Es esta la razón por la que se crean los Premios Laya, que tienen como objetivo reconocer el esfuerzo audiovisual en la defensa de los Derechos Civiles y Políticos y favorecer la distribución y exhibición de cine documental en la modalidad de largometrajes cinematográficos o de obras audiovisuales destinadas a ser emitidas por televisión”.

Por ello, destinará 75.00 euros a premiar estas producciones, divididas en dos categorías: Premio largometraje de ficción para ser emitida por la televisión (50.000 euros) y Premio documental televisivo (25.000 euros).

“En esto se gasta el dinero la Generalitat en plena pandemia: en que la Oficina de Drets Cívils i Polítics (un chiriguito casi unipersonal) monte un premio para galardonar a un documental de su cuerda. Que el premio se lo lleva uno sobre la represión de Estado español ni cotiza”, ha denunciado la diputada de Ciudadanos, Sonia Sierra, en redes sociales.

Polémicas actuaciones

Esta oficina está dirigida por el exdirigente de la CUP Adam Majó. Fue creado para “hacer seguimiento de las vulneraciones que se produzcan contra los derechos relacionados con la participación de las personas en la vida civil y política". Depende de Vicepresidencia de la Generalitat, departamento encabezado por Pere Aragonès (ERC).

En mayor de 2019, cuatro asociaciones (Aixeca’t, Impulso Ciudadano, S’ha Acabat y Cataluña por España) pidieron la dimisión de Majó por señalar al grupo que retiraba banderas estelades tras la pelea ocurrida en Verges (Girona). Meses después, la Oficina instó a los Mossos d'Esquadra a revisar su operativo por no evitar que un grupo ultra diera una paliza a un joven independentista.

Más recientemente, la Generalitat intentó aprovechar una consulta abierta efectuada por la Comisión Europea a diversas instituciones para colar su propaganda contra España en base a un informe de la citada Oficina de Derechos Civiles y Políticos, cuya actividad se basa exclusivamente en denunciar la existencia de “presos políticos” y de una “cúpula judicial española politizada”.