Gasto público que la Generalitat esconde. Tras la reiterada negativa del Govern a dar cuenta de las subvenciones destinadas a entidades vinculadas a las Naciones Unidas, el Parlament ha dado amparo a la diputada de Ciudadanos Susana Beltrán, que lleva seis meses intentando averiguar el motivo y alcance de dichas ayudas tras los informes de determinados relatores de la ONU favorables al proceso independentista.
La Cámara catalana no ha tenido más remedio que reconocer que los derechos de la diputada han sido vulnerados. Y es probable que al presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent, no le haya hecho ninguna gracia, pues el rapapolvo contenido en el escrito, al que ha tenido acceso Crónica Global, va dirigido a la Consejería de Acción Exterior, Transparencia y Asuntos Institucionales, dirigida también por ERC y cuyo titular es Bernat Solé.
El Relator Especial para las Minorías, Fernand de Varennes, quien alude en un informe a una "minoría política catalana" / ONU
Curiosamente, este departamento responsable de las políticas de transparencia acumula varias reprobaciones apoyadas en dictámenes del Órgano de Garantía del Derecho de Acceso a la información Pública (GAIP). El más reciente tiene fecha del 24 de julio y afirma que “el derecho de acceso a la información de los diputados forma parte del contenido esencial de la función representativa y parlamentaria" que les corresponde, tal y como explica el documento, que abre la vía a que Ciudadanos presente un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
La opacidad del Govern extiende la sospecha sobre los trabajos que determinados miembros de las Naciones Unidas han realizado sobre el procés, como es el caso del Relator Especial para las Minorías, Fernand de Varennes, presentó un polémico informe sobre los presos independentistas y la “minoría política catalana”.
La normativa explicita que “cabe recordar que la tutela del derecho de acceso a la información de los diputados, en tanto que derecho fundamental, es susceptible de amparo ante el Tribunal Constitucional, a pesar de que este derecho se ejerza en el marco de una relación entre el Parlamento y el Gobierno. Estas relaciones agotan normalmente sus efectos en el campo estrictamente parlamentario y dan lugar, si conviene, a la aplicación de los instrumentos de control político. Pero esta doctrina no excluye, tal y como reconoce la jurisprudencia constitucional (STC 220/1991, de 25 de noviembre), que si en el marco de esta relación se impide o limita injustificadamente el ejercicio del derecho de acceso, éste se pueda hacer valer mediante un recurso de amparo fundamentado con la vulneración del artículo 23.2 Constitución”.
Posible recurso ante el TC
“Nos lo vamos a plantear. Consultaré al grupo parlamentario. Llevo siete amparos acumulados en cinco años. Si el Govern se niega de nuevo a facilitar información, analizaremos esa vía”, explica a este medio Susana Beltrán.
Convenio entre la Generalitat y las Naciones Unidas en el que Carles Puigdemont firma como representante de la Generalitat y del Reino de España / CG
El argumentos de la Generalitat para rechazar la petición de información de la parlamentaria --copia de los expedientes de subvenciones y ayudas de la Generalitat a organismos vinculados a la ONU-- es la presunta falta de precisión en la solicitud. “La imprecisión y falta de concreción o acotación del ámbito concreto de los expedientes hace muy costoso y largo el trabajo de búsqueda por parte de la Administración”, sostuvo el Govern.
La complejidad no es excusa
Beltrán recuerda que su petición se circunscribe al período 2013-2020, mientras que el Parlament afirma que “la necesidad de una tarea de búsqueda y elaboración de la documentación no puede ser sinónimo de una complejidad que actúe como causa de denegación. Como indica la doctrina de la GAIP, el ejercicio del derecho de acceso a la información es compatible con una cierta tarea de elaboración o tratamiento de la información, siempre que no sea desproporcionada o notoriamente excesiva (Resolución 336/2017). Tampoco se puede confundir la elaboración compleja con el volumen de la información solicitada, si esta información ya está elaborada, como es el caso de unos convenios existentes que no requieren elaborar una documentación ad hoc".
La diputada de Ciudadanos Susana Beltrán, quien ha pedido el amparo de la UE ante la opacidad del Govern / CG
“Esto se hace aún más patente --añade-- cuando se trata de una documentación que dispone de un tratamiento específico que los hace relativamente fáciles de acceso e identificación por parte del Gobierno. El Decreto 52/2005, de 5 de abril, crea y regula el registro de Convenios de colaboración y cooperación, un registro en el que se inscriben los convenios y los acuerdos de colaboración que firman el Gobierno de la Generalitat y los organismos y entidades que integran el sector público catalán con organismos internacionales. La existencia de este registro es un instrumento que organiza la información en materia de convenios y acuerdos firmados entre la Generalitat y los organismos internacionales y facilita, por tanto, al Gobierno su disponibilidad”.
"Un gobierno perezoso"
A juicio de Beltrán, “tenemos un gobierno perezoso instalado en la desidia institucional. Las excusas que dan son una forma de opacidad. No puedo ejercer mi función de control, que es la más importante para un diputado de la oposición, sin esa información”.
La diputada considera “gravísimo” que no se tomen en serio esa obligación de rendir cuentas “como haría cualquier directivo de una empresa privada”.
Sobre esa negativa a detallar el gasto público “ya existe ‘jurisprudencia’, porque el Govern es reincidente”, afirma la parlamentaria. En julio, tal como informó este medio, el Parlament envió una queja formal al Govern por considerar que “de forma reiterada durante esta legislatura, ha incumplido su deber de atender las solicitudes de información a los diputados y diputadas”. Una medida sin precedentes propuesta por Torrent y avalada por la CUP en respuesta a la reclamación de Ciudadanos