PSC propone equiparar las indemnizaciones por violencia machista a las de terrorismo

La diputada de PSC-Units, Beatriz Silva, ha presentado al Parlament un texto alternativo al proyecto de ley del Govern que propone equiparar las indemnizaciones previstas en la ley 5/2008 del derecho de las mujeres a la erradicación de la violencia machista en las que reciben las víctimas del terrorismo, siguiendo el modelo adoptado por la Comunidad Valenciana.

Entre 2015 y 2019, sólo 91 mujeres se pudieron beneficiar a Cataluña de las indemnizaciones que derivan de la ley aunque en ese mismo período hubo 7.000 sentencias condenatorias. Este año, el número de beneficiarias no supera las 55.

Silva considera que la cantidad fijada actualmente por el decreto del Gobierno -que establece un régimen transitorio para la concesión de estas ayudas- y que es de 5.691,20  euros, es totalmente insuficiente en los casos de hijos e hijas de víctimas mortales. Por ello propone que reciban un 30% del importe previsto por el mismo supuesto en la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas de Terrorismo que en la Comunidad Valenciana se ha traducido en ayudas de 75.000 €.

"Una de las cuestiones más valiosas e innovadoras que tuvo la ley 5/2008 de erradicación de la violencia machista es que reconoció el derecho a la recuperación y reparación del daño sufrido por facilitar a las mujeres y sus hijos e hijas un nuevo proyecto vital. han pasado doce años y muy pocas víctimas han visto reconocido hasta ahora este derecho ", señala la diputada. 

"Lo que es más grave --avisa-- es que los nueve feminicidios que hubo en 2019, sólo dos hijos o hijas pudieron acceder a la indemnización prevista en la ley. Por ello el proyecto propone otras modificaciones que faciliten el acceso a las ayudas para que puedan acceder todas aquellas víctimas que tienen derecho por ley".

El Govern presentó su propio proyecto pero, según la memoria económica que la acompaña, sólo 55 mujeres podrían beneficiarse de las indemnizaciones en 2020. Una cifra que, a juicio de la diputada socialista, "se encuentra muy lejos del espíritu y el objetivo de la ley catalana: son miles las que cada año tienen una sentencia condenatoria y muchas más las que no consiguen acreditar las secuelas". Por eso el proyecto de ley presentado por el PSC propone, además, mecanismos nuevos que permitan que las secuelas queden plasmadas en las sentencias pero también otros para informar y asesorar adecuadamente a todas las víctimas de las indemnizaciones a las que tienen derecho por ley.