“La degradación de la vida pública ha llegado a un punto en el que se ve normal exigir a un técnico del Parlament que incumpla la ley”. Habla un diputado de la oposición, perplejo ante el enésimo intento de Quim Torra de degradar las instituciones catalanas. En una decisión salomónica, el presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent (ERC), impidió que se votara una propuesta de Junts per Catalunya (JxCat) que pedía el cese del secretario Xavier Muro por negarse a publicar íntegramente una resolución crítica con la monarquía.
El presidente del Parlament, Roger Torrent, asistido por el secretario general de la Cámara, Xavier Muro / EUROPA PRESS
Salomónica porque, si bien se rechazó el escrito de los neoconvergentes, también se vetó otro de Ciudadanos en el que se daba apoyo a Muro ante las invectivas que el propio Torra secundó. Y que iba en la línea de la defensa de Torrent y del letrado mayor, Joan Ridao, quienes revalidaron su confianza en el técnico y permitieron tramitar otra segunda iniciativa de Cs: una propuesta de resolución crítica con las injerencias del Govern y que se someterá a debate en la Junta de Portavoces prevista para el 1 de septiembre.
"Torrent no se quiso inmolar"
¿Por qué se rechazó la primera propuesta de Cs? “Torrent estaba incómodo y no quería inmolarse ante JxCat”, explican fuentes de la formación naranja.
Durante más de dos horas, los miembros de la Mesa del Parlament debatieron si se debía someter a votación la propuesta de JxCat, formación que presionó a Torrent con la publicación de la resolución íntegra contraria a la monarquía aprobada el 7 de agosto, incluidos los párrafos que hacían referencia a la "monarquía delincuente" y la presunta participación del Rey Felipe VI y el resto de poderes del Estado en la "represión de los derechos del pueblo catalán". Unas afirmaciones que los letrados aconsejaron no publicar.
Joan García, vicepresidente de la Mesa del Parlament y miembro de la ejecutiva de Ciudadanos / CG
En paralelo, el vicepresidente segundo de la Mesa, Joan García, y el secretario segundo, David Pérez (PSC-Units), se conjuraron para no abandonar la Mesa sin que constara en acta una posición clara al respecto. Finalmente, en una decisión con pocos precedentes, quedó por escrito que se había rechazado la propuesta de JxCat, pero sin especificar el voto de cada representante (siete en total). Porque no hubo votación.
Pulso entre Costa y Torrent
El desacato de JxCat a los letrados ejemplifica ese deterioro de las instituciones catalanas que ha provocado el procés. El punto álgido tuvo lugar durante los convulsos días 6 y 7 de septiembre de 2017, cuando los independentistas rechazaron las advertencias de los letrados del Parlament, así como las del Consejo de Garantías Estatutarias --una especie de tribunal constitucional a la catalana que vela por el ajuste de las normas a la Constitución y el Estatut--, e impulsaron las denominadas leyes de ruptura: de referéndum y de transición nacional hacia la república.
El presidente del Parlament y dirigente de ERC Roger Torrent (i) y el vicepresidente de la Mesa, Josep Costa (d), miembro de JxcAT/ CG
Desde entonces, en aras al “mandato” del 1-O, JxCat ha intentado colocar la legitimidad y “la voluntad del pueblo catalán” por encima de la ley y el poder judicial.
Especialmente significativa es la postura del vicepresidente primero de la Mesa del Parlament, Josep Costa (JxCat), enfrentado desde hace meses con Torrent --apenas se hablan, explican testigos de las reuniones parlamentarias--, quien sostiene que, por encima de la ley y la Justicia, el Tribunal Supremo o el Constitucional, está el reglamento de la Cámara catalana y las instancias europeas. “Entre una cosa y otra, no hay nada para Costa”, explica el citado diputado de la oposición.
Forzar el reglamento
Ni para Costa, ni para Torra, ni para Puigdemont. Todos ellos han intentado forzar el reglamento parlamentario para investir al expresidente fugado --desde entonces, JxCat se la tiene jurada a Torrent por haber impedido la investidura telemática-- o permitir que, una vez inhabilitado, Torra pudiera votar en el hemiciclo.
Y aunque testigos de la reunión celebrada este martes dudan que el pulso entre ERC y JxCat vaya a provocar la crisis definitiva, sí que apuntan a que la convivencia entre los socios de gobierno es insostenible. Y tiene efectos colaterales muy graves, que afectan precisamente a instituciones catalanas pendientes de renovar --la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, la Sindicatura de Cuentas, el citado Consejo de Garantías, la Junta de Museos o el Consejo Fiscal de Cataluña--, que tienen mandatos caducados.
Aunque, según la oposición, el principal bloqueo se sitúa en el propio Govern, donde Puigdemont, de nuevo, quiere imponer el calendario de las elecciones catalanas: cuanto más se retrasen, mejor, defiende.