La familia Pujol Ferrusola se aferra a la falta de pruebas y a la prescripción de posibles delitos para rebatir la acusación de organización criminal por parte de la Audiencia Nacional. Algo que atribuyen a una suerte de persecución por el mero hecho, según ellos, de "ser un Pujol", sin que el expresidente de la Generalitat realizara "la más mínima gestión" para favorecer los negocios de sus hijos.
Esos son algunos de los argumentos que sostiene su defensa, ejercida por los abogados Cristóbal Martell y Albert Carrillo, en el recurso de apelación que han presentado ante la Audiencia Nacional contra la decisión del juez José de la Mata de juzgarles al entender que formaron una organización criminal para enriquecerse durante décadas con actividades relacionadas con la corrupción.
El juez propone juzgar a Jordi Pujol, su mujer y sus hijos (julio 2020) / EP
Los abogados reclaman al juez que se archive el proceso contra el expresidente Pujol, su esposa Marta Ferrusola y sus siete hijos, al considerar que tras un año de instrucción no existen delitos ni pruebas claras de su culpabilidad y que el único delito que podrían haber cometido es el de fraude fiscal por los fondos ocultos en Andorra, que ya está prescrito.
Niegan cooperación con el hijo mayor...
La defensa critica la imputación como organización criminal al entender que el juez achaca de forma "colectiva" a toda la familia una conducta delictiva, en una "suerte de responsabilidad de la tribu" o de "derecho penal de autor (ser un Pujol)", construcciones que a su modo de ver son "impropias" de un sistema penal garantista como el español.
Jordi Pujol Ferrusola, saliendo de la Audiencia Nacional en una imagen de archivo / EFE
Los abogados apuntan al hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, como administrador del legado familiar, de manera que la conducta de su padre, madre y hermanos era "perfectamente estática y pasiva", limitándose a "ser receptores de una corriente monetaria", sin la cooperación que exige el delito de organización criminal.
... y el blanqueo de capitales
Los abogados niegan además el presunto delito de blanqueo de capitales que el juez imputó a los Pujol tras concluir que los fondos de la familia procedían de "pagos" de empresarios que pretendían tener una buena relación con ellos de cara a futuros negocios, adjudicaciones ilícitas o contrataciones.
En opinión de la defensa, "bajo esa rumbosa y grandilocuente expresión, idónea para merecer lustrosos titulares en los medios, se cobija la nada", dado que el juez "tampoco concreta o singulariza una autoridad o funcionario que hubiera sido destinatario de presión, influjo o sugerencia por parte de algún miembro de la familia", más allá de invocar "genéricamente modificaciones de planeamiento urbanístico, adjudicaciones de obras, concursos y concesiones".
"Cuatro hermanos inversores"
Según el recurso, "una larga instrucción de ocho años no ha evidenciado ni puesto de manifiesto, ni indiciaria ni remotamente, que Jordi Pujol Soley hubiera realizado en favor de los clientes de las empresas de su hijo Jordi Pujol Ferrusola la más mínima gestión, sugerencia, invitación o influjo. Ni un solo caso".
El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol y su esposa, Marta Ferrusola, en una imagen de archivo / EUROPA PRESS
El auto de la Audiencia Nacional, añaden, tampoco concreta "un negocio familiar en bloque", ni identifica gestiones ante funcionarios públicos, ni resoluciones por parte de éstos ni un "trato patrimonial de favor hacia los cuatro hermanos Pujol inversores".
"Enriquecimiento no justificado"
Los abogados, asimismo, apuntan que en la ley española no existe el "delito de enriquecimiento no justificado", y señalan de que el blanqueo de capitales no puede operar como sustitutivo del mismo, pues requiere, "mínimamente, una concreción en la expresión del tráfico de influencias (qué contratos públicos, qué funcionarios públicos, y en relación a qué pagos)".
Por todo ello, según la defensa, el auto de De la Mata "no consigue concretar, ni remotamente, delitos singulares, y mucho menos la ejecución de actos de autoría, más sencillamente, de colaboración, participación, preparación o encubrimiento".
"El legado del abuelo"
El recurso, eso sí, reconoce que Jordi Pujol Ferrusola distribuyó entre sus hermanos fondos procedentes del "legado del abuelo" que se encargó de gestionar entre 2000 y 2004, y valora que, incluso en el caso de que el dinero fuera de procedencia delictiva, ya habrían prescrito los delitos de asociación ilícita y organización criminal que se atribuyen a sus padres y hermanos.
Como ya ocurrió durante la instrucción, la defensa pide que la causa se envíe al juzgado de instrucción número 31 de Barcelona --que en su día ya abrió diligencias a raíz de la carta de confesión del expresidente de la Generalitat sobre su fortuna en Andorra--, al entender que el caso no es competencia de la Audiencia Nacional.
En opinión de los letrados, los hechos investigados ocurrieron en España, donde están radicadas la mayoría de empresas de Jordi Pujol Ferrusola que el juez cree instrumentales y, según la jurisprudencia, no basta con que exista un "segmento del hecho acontecido en el extranjero" para que el caso lo asuma el juez De la Mata.