Director de Prisiones: "El poder judicial es una garantía para todos los ciudadanos"

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha terciado en la polémica por la semilibertad de los presos del 1-O. El alto cargo ha recordado que las decisiones de la administración catalana y de la administración central dependen en última instancia de los jueces, lo que supone "una garantía y da tranquilidad".

"Lo que hay que transmitir a la opinión pública es que en el ordenamiento jurídico español la última palabra, a la hora de ejecutar una condena, la tienen los tribunales y el Poder Judicial es único para toda España. Por tanto, hagamos lo que hagamos esta secretaría general o la administración catalana, la última palabra siempre la van a tener los tribunales de justicia", ha señalado en una entrevista.

"El poder judicial es una garantía"

El funcionario del Ministerio del Interior ha defendido que esto último es "una garantía para todos los ciudadanos". "Saber que la última palabra es uniforme y que radica en el poder judicial, que es único para toda España. Creo que es el mensaje que hay que transmitir y ese mensaje no tiene por qué causar preocupación", ha apuntado.

El secretario general no ha querido opinar acerca de si, como considera la fiscalía, los líderes independentistas disfrutan de un "tercer grado encubierto" gracias al régimen de flexibilidad del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

Programas de tratamiento personalizados

"Para alcanzar los fines que dice la Constitución de reinserción y rehabilitación debemos conseguir que a cada persona privada de libertad seamos capaces de ofrecerle un programa de tratamiento a las carencias que motivaron su ingreso en prisión", ha sostenido Ortiz.

El secretario ha reconocido que el "reto" de la administración penitenciaria se encuentra en los programas de tratamiento para cada preso, dependiendo de la condena, para cumplir con el mandato constitucional de la reinserción.

Inserción laboral en las cárceles

Ángel Luis Ortiz informa que en los centros dependientes de la administración central --todos menos Cataluña-- son más de 27.000 los internos que, sobre una población reclusa de 48.000 personas, participan en la actualidad en programas de tratamiento, incluyendo formativos o de tipo ocupacional y laboral.

"El reto es poder ampliar ese número aún mayor. Porque además de los programas, tenemos en estos momentos en torno a 12.000 personas privadas de libertad que tienen un puesto retribuido, que trabajan dentro de prisión", ha concluido.