El presidente de la Generalitat ha abierto un nuevo frente jurídico por la gestión de los recursos municipales contra el coronavirus. Quim Torra ha anunciado que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la decisión del Gobierno de "apropiarse" de remanentes locales.

Así lo ha anunciado en una carta dirigida a los alcaldes de Cataluña, en la que se hace eco del acuerdo alcanzado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que permite a los ayuntamientos usar su superávit e inyecta 5.000 millones de los presupuestos generales para los consistorios.

Fondos condicionados

Sin embargo, el convenio garantiza estos fondos siempre que los ayuntamientos pongan sus remanentes a disposición del Estado. Los entes locales dispondrían de 2.000 millones este año y 3.000 millones en 2021, mientras que el dinero de los remanentes se devolvería al cien por cien en un plazo de diez años, a partir de 2022.

La propuesta de Hacienda suscitó el rechazo del resto de partidos con representación en la Junta de Gobierno de la FEMP (PP, Cs y PDECat), que entienden que el acuerdo deja a los ayuntamientos sin liquidez, mientras que IU-Podemos optó por la abstención.

"Una decisión unilateral"

En su misiva, Torra subraya que en los últimos meses ha reclamado "insistentemente" a Sánchez que "permita a todos los ayuntamientos de Cataluña la utilización de la totalidad de los remanentes municipales para poderlos destinar a desarrollar políticas de emergencia social" ante la pandemia.

"Lamentablemente, hemos sabido que el Gobierno del Estado español no solamente no ha escuchado la demanda del Govern y de la gran mayoría de los ayuntamientos de Cataluña, sino que, en una decisión unilateral, retendrá para sí mismo los remanentes de vuestros municipios", denuncia en la misiva.

Más acciones legales

Según Torra, el Estado "se apropia" de la "buena gestión de muchos ayuntamientos y se lleva para un uso que desconocemos miles de millones de euros de Cataluña". Ante este "agravio", el Govern "iniciará todos los trámites legales necesarios para recurrir esta decisión, así como la interposición del recurso de inconstitucionalidad pertinente".

Torra ofrece su apoyo a los alcaldes que también emprendan "acciones legales" contra la decisión: "Os pido que emprendáis todas las acciones para impedir que el Estado pueda utilizar, de forma injusta, insolidaria y unilateral, los recursos que deben ser destinados a la mejora de los servicios y la atención" de los ciudadanos, añade