El Consejo de Garantías Estatutarias ha dictaminado este jueves que varios artículos de la proposición de ley sobre la regulación del precio del alquiler vulneran el Estatut y la Constitución. La ley, propuesta por el Sindicato de Inquilinos, fue apadrinada por el Govern como una vía para garantizar el acceso a la vivienda.
Sin embargo, Cs y PP elevaron ante el organismo una petición para que estudiase su legalidad. Ambas formaciones sostienen que la Generalitat carece de competencias para aplicarla y que, en caso de que se aprobase, lesionaría los derechos de los propietarios y favorecería la ocupación de viviendas vacías en Cataluña.
11 artículos ilegales
En concreto, según se apunta en las conclusiones del dictamen, el ente considera que 11 artículos, cuatro disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias y una disposición final de la proposición de ley no se ajustan a la legalidad en lo que respecta a la "competencia del Estado sobre las bases de las obligaciones contractuales".
Aunque el dictamen no es vinculante, sí puede conducir a la presentación de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios antes de su votación en el pleno, que aún no ha sido convocada. De hecho, la tramitación de la norma ya dividió a JxCat y ERC, puesto que la formación posconvergente formuló varias enmiendas a la iniciativa.
Reacción de Cs
El presidente del grupo de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha difundido a través de las redes sociales las conclusiones del dictamen, en el que por unanimidad los miembros del Consejo de Garantías detectan que numerosos preceptos de la ley "no encuentran amparo" ni en el Estatut ni en la Constitución.
"Cs lo advirtió y ahora el Consejo de Garantías nos da la razón. Tumba por unanimidad la ley de alquileres, una mentira preelectoral del Govern populista con Podemos para lavarse la cara sobre el incumplimiento en Cataluña de la ley vigente: 15% de vivienda de uso social", ha denunciado el portavoz parlamentario.